Parece que el gobierno de Rodrigo Paz anda en todo menos en gobernar. Absorbido por una constante dinámica de sobresaltos, sospechas y profundos escándalos que salpican cada vez más alto, el Ejecutivo camina completamente a ciegas frente al drástico agotamiento del modelo económico. El aparato estatal observa de palco cómo se apaga la era del gas en el país —al punto de tener que autorizar su importación— y sin haber concretado una sola de las reformas estructurales urgentes que la nación requiere.
A más de un año de gestión, la percepción ciudadana es de un estancamiento exasperante y peligroso. No existe una nueva Ley de Inversiones que reactive la confianza del sector privado, la Ley de Hidrocarburos continúa anclada en el pasado y la Constitución permanece intacta frente a un Estado que clama por salir del aislamiento y la inercia. Mientras las familias bolivianas enfrentan una crisis económica asfixiante, el círculo palaciego se muestra extraviado, siendo incapaz de ofrecer soluciones tangibles al encarecimiento del costo de vida y a la alarmante escasez de divisas.
En lugar de liderar con firmeza y visión de país, la administración pública se ha transformado en el epicentro de una severa crisis de opacidad. El presidente opta sistemáticamente por minimizar las denuncias o tildarlas de simples "chismeríos", mientras el desgaste ético e institucional golpea de lleno a su círculo más íntimo.
Las filtraciones de audios que comprometen directamente a su entorno familiar, a ministros de Estado y a asesores clave han terminado por dinamitar la credibilidad oficial. Las tramas de presunto tráfico de influencias, unidas al escandaloso robo de maletas y bienes durante la reciente captura del narcotraficante Sebastián Marset —que evoca de inmediato los fantasmas de las “narcomaletas” que desaparecieron de Viru Viru—, confirman que las redes de corrupción gozan de una impunidad envidiable dentro de las propias estructuras de seguridad del Estado.
Lo más grave de esta ausencia gubernamental radica en la evidente pérdida de control del territorio nacional. La soberanía boliviana se debilita a pasos agigantados cuando las pocas acciones efectivas y contundentes contra el crimen organizado transnacional no nacen de la inteligencia o la determinación local, sino de operativos externos coordinados e impulsados por agencias internacionales y por la Policía Federal de Brasil.
Bolivia no puede continuar administrándose a
base de parches temporales, retórica defensiva y constantes cortinas de humo.
Un gobierno ocupado de tiempo completo en defender a su entorno cercano de los
escándalos es un gobierno absolutamente ausente para las necesidades reales de
su pueblo. Urge un cambio radical de rumbo: abandonar definitivamente los
corrillos de poder y asumir, de una vez por todas, la responsabilidad histórica
de enfrentar la crisis.
Un Gobierno extraviado entre escándalos de corrupción, nepotismo e inoperancia mira de palco la crisis económica y el fin del gas, perdiendo el control del territorio ante el crimen organizado.
