La propuesta del Gobierno nacional de asignar el 1% de la coparticipación tributaria a las nueve gobernaciones del país abrió una nueva polémica entre las autoridades departamentales, que mantienen posiciones divididas sobre el porcentaje ofrecido en el marco del proceso de redistribución de recursos y competencias denominado 50/50.
El planteamiento fue abordado durante una reunión entre los gobernadores y representantes del Ejecutivo, realizada el viernes 30 de octubre. Según lo informado por las autoridades, el Gobierno inicialmente propuso una participación del 0,4%, pero posteriormente elevó su oferta al 1%, con condiciones relacionadas con el financiamiento de los ítems de salud.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, expresó su rechazo al porcentaje y consideró insuficiente la propuesta para un departamento que, según afirmó, concentra una parte importante de la producción nacional.
“Es imposible que yo, como gobernador del departamento más importante de este país, acepte el 1%; me parece una falta de respeto porque nosotros producimos el 80% de los alimentos, el 40% del PIB y somos el departamento más poblado”, manifestó durante un acto público.
Velasco recordó que actualmente la distribución de la coparticipación tributaria destina el 75% al nivel central, el 20% a los municipios y el 5% a las universidades. En ese sentido, sostuvo que los recursos deben permanecer en los departamentos para fortalecer su capacidad de gestión y atención de las necesidades de la población.
En la misma línea, el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, cuestionó la propuesta y señaló que el planteamiento inicial del Ejecutivo era de apenas el 0,4%, mientras que el 1% finalmente ofrecido estaría condicionado a los ítems de salud.
La autoridad consideró que el porcentaje es insuficiente y sostuvo que las gobernaciones tienen como objetivo alcanzar el 15% de coparticipación tributaria.
Por su parte, la gobernadora de Tarija, María René Soruco, calificó la propuesta como un retroceso para las autonomías departamentales. Afirmó que las gobernaciones plantearon acceder al 15% de los recursos y cuestionó que el 1% ofrecido esté vinculado al crecimiento vegetativo de los ítems de salud.
“La autonomía no se negocia. La salud y la autonomía son sagradas y no se negocian”, manifestó Soruco, al insistir en que los departamentos buscan una mayor participación de los recursos que actualmente administra el nivel central.
La Paz considera que es un avance
Una posición diferente expresó el gobernador de La Paz, Luis Revilla, quien consideró que el 1% representa un primer avance que podría incrementarse progresivamente en los próximos años.
La autoridad reconoció que la situación económica del país es compleja, pero destacó que la propuesta permitiría comenzar a distribuir recursos a las nueve gobernaciones. Según sus estimaciones, el monto alcanzaría aproximadamente a Bs 460 millones, que serían repartidos entre las administraciones departamentales a partir de 2027.
Revilla también aseguró que, después de las discusiones, los gobernadores estuvieron de acuerdo con avanzar en ese porcentaje.
Los acuerdos y los plazos
Pese a las diferencias, entre los puntos acordados durante las reuniones figura la asignación del 1% de la coparticipación tributaria a los gobiernos autónomos departamentales, sin afectar los porcentajes que reciben los municipios, las autonomías indígenas y las universidades públicas.
También se estableció incorporar el Régimen Agropecuario Unificado al dominio tributario de las gobernaciones y evaluar la asignación de recursos para cubrir el crecimiento vegetativo de los ítems de salud y educación.
Otro de los puntos contempla realizar evaluaciones anuales para mejorar progresivamente la coparticipación, en función del desempeño económico del país, además de incorporar al sistema de impuestos coparticipables las alícuotas departamentales adicionales que sean definidas por cada región.
De acuerdo con el cronograma establecido, hasta este 3 de noviembre el Gobierno deberá remitir a las gobernaciones el anteproyecto de Ley Especial de Coparticipación Tributaria y Distribución de Recursos Fiscales. Las autoridades departamentales tendrán hasta el 4 de noviembre para presentar sus observaciones y sugerencias.
Posteriormente, el 6 de noviembre está prevista la remisión del documento a la Asamblea Legislativa Plurinacional, junto con otro anteproyecto destinado a modificar la Ley 154, relacionada con la clasificación y definición de impuestos de los gobiernos autónomos.
El debate sobre el porcentaje de distribución se enmarca en la propuesta del 50/50 impulsada por el presidente Rodrigo Paz, que plantea una redistribución gradual de los recursos y responsabilidades entre el nivel central y las administraciones subnacionales.
