Hace unos días participé en un intenso evento de análisis político y económico. Sin afán de provocar ni defender a ningún gobierno, repetí una premisa sostenida en cada foro: «De la crisis no se saldrá mágicamente, rápidamente y sin dolor».
Para ilustrar mi punto, mencioné ciertas mejoras en Argentina y trazó paralelismos con nuestro futuro. Varios argentinos presentes reaccionaron con indignación. Mirando fríamente las variables macroeconómicas de nuestro vecino, los datos parecen alentadores: pasaron del déficit fiscal a un superávit primario del 1,4 % en 2025; la inflación anual cayó del 211 % en 2023 al 31,5 % en 2025; la balanza comercial deficitaria viró a un superávit histórico gracias a la energía, minería y agro; y el Banco Central pasó a la compra sostenible de divisas.
Sin embargo, no todo es color de rosa. El desempleo aumentó, la calidad laboral se deterioró y el PIB cayó en 2024 por el freno en la obra pública, la construcción, la industria y el comercio. El poder adquisitivo sufrió un duro golpe inicial. Argentina lleva casi tres años de ajustes que funcionan en la macroeconomía, pero la población la pasa mal. Están cerca de la luz al final del túnel a costa de sacrificios, demostrando que no es posible salir de una crisis sin dolor.
Ahí radica el punto de comparación. Bolivia empezó su ajuste en diciembre, encarando el proceso integral recientemente. El 2 de octubre, el FMI aprobó un programa de 1.900 millones de dólares. El Gobierno se comprometió a eliminar en 2027 la subvención a la gasolina y aplicar una rigurosa disciplina fiscal. Al igual que en Argentina, las cifras macroeconómicas mostrarán signos positivos, pero resta saber cuánto nos dolerá en la microeconomía.
Se repite la misma escena: autoridades mostrando gráficos optimistas y un riesgo país a la baja, mientras un ciudadano en la feria 16 de Julio de El Alto comprueba que su dinero ya no alcanza. Ambos tienen razón, y ahí empieza el dilema. La macroeconomía mide la salud del Estado y la confianza de los acreedores, no el refrigerador familiar. Cada boliviano ahorrado en subvenciones deja de llegar al ciudadano. Que la población pague las medidas no es un efecto colateral: es el ajuste mismo.
Además, que la inflación baje no implica una reducción de precios, sino que suben más despacio sobre un piso más alto. Al retirar el subsidio, el combustible sube, la inflación se dispara temporalmente y luego se frena. El Gobierno celebra la calma; el ciudadano vive en precios altos donde el transporte devora el presupuesto familiar.
No se puede vivir en un sufrimiento infinito. La reactivación requiere ordenar la casa (ajuste), reformar el marco jurídico, consolidar estabilidad y captar inversión. Pero la corrección macroeconómica llega primero y el alivio del bolsillo demora más.
Argentina nos deja una lección. Entre 2024 y 2025, la pobreza cayó del 52,9 % al 28,2 % porque frenar la inflación devolvió poder de compra. No obstante, ese beneficio es de una sola vez: para 2026, la pobreza rebotó al 32,3 % con desempleo al 7,9 %.
En Bolivia, ocho de cada diez trabajadores son informales. No habrá despidos masivos, sino menos ventas y un empobrecimiento silencioso. Los bonos existentes protegen a sectores vulnerables, pero no al trabajador por cuenta propia que recibirá el golpe directo.
Un programa de estabilización es un puente, no un destino. Para tener éxito, Bolivia debe lograr que el escudo social alcance a quienes sufren y que la inversión llegue antes de que se agote la paciencia. La macro es la condición; la micro, el veredicto.
