En Nueva York, durante la 81.ª Asamblea General de la ONU, los diplomáticos del mundo decidieron que la inteligencia artificial (IA) es otra de las amenazas de las que solo ellos pueden salvarnos. El secretario general, António Guterres, advirtió sobre los riesgos de una IA descontrolada y sostuvo que las salvaguardias nacionales voluntarias son insuficientes. Según él, hace falta un marco internacional para evitar una carrera peligrosa en materia de seguridad tecnológica.
El problema no es reconocer que la IA está
transformando el mundo. El error consiste en suponer que los organismos
internacionales están capacitados para dirigir esa transformación.
Los economistas de la escuela austriaca tienen
una explicación para esta equivocación: el problema del conocimiento. Ludwig
von Mises demostró que, sin precios de mercado, los organismos de planificación
no pueden comparar racionalmente los usos alternativos de los recursos escasos.
Friedrich Hayek añadió que el conocimiento económico está disperso entre millones
de personas, es local y cambia constantemente. Ningún comité de Nueva York o
Ginebra puede reunirlo por completo.
Reconocer un problema no significa conocer su
solución. La creación de fondos internacionales para la IA, redes de desarrollo
tecnológico y paneles científicos encargados de determinar qué algoritmos son
seguros reproduce la lógica de la planificación centralizada, ahora presentada
bajo el lenguaje de la seguridad.
Además, conviene recordar qué es la
inteligencia artificial: una herramienta de producción, no una criatura de
ciencia ficción con voluntad propia. Como cualquier tecnología, su utilidad
depende de cómo se emplea. El peligro no reside únicamente en las máquinas,
sino también en la autoridad de quienes deciden cómo utilizarlas. Frente a los
controles burocráticos, la experimentación empresarial permite probar
soluciones, asumir errores y corregirlos.
La historia ofrece motivos para desconfiar del
poder estatal. Las revelaciones de Edward Snowden mostraron hasta dónde puede
llegar la vigilancia gubernamental. Una vez que el Estado construye una
infraestructura para observar, clasificar y predecir el comportamiento de sus
ciudadanos, difícilmente renuncia a ella.
La IA amplía considerablemente esas
capacidades. Según el análisis citado por el Instituto Mises, organismos
estadounidenses financiaron investigaciones fundamentales sobre redes
neuronales, mientras empresas como Palantir y Anthropic desarrollan
herramientas utilizadas por agencias de defensa e inteligencia. La misma
tecnología que promete facilitar la vida cotidiana también puede fortalecer los
mecanismos de vigilancia.
Murray Rothbard advirtió que el Estado suele
esconder la acumulación de poder detrás de un inocente «nosotros». Las
salvaguardias internacionales, administradas por burocracias permanentes sin
accionistas ni mecanismos efectivos de salida, podrían terminar limitando
libertades en nombre de la protección colectiva. La planificación centralizada
sigue siendo planificación centralizada, aunque disponga de mejores herramientas
tecnológicas.
El historial de los organismos internacionales
tampoco inspira confianza. La Organización Mundial de la Salud recibió críticas
por sus deficiencias durante la pandemia y por sus problemas estructurales. La
ONU, por su parte, enfrenta dificultades para resolver conflictos y administrar
sus propias operaciones. ¿Por qué confiarle entonces la supervisión de una
tecnología que evoluciona semana a semana?
La desigualdad tecnológica agrava la
contradicción. Muchos países reclaman soberanía sobre la IA sin contar con
centros de datos, capacidad de procesamiento, patentes o inversiones
suficientes para desarrollarla. Exigir participación en la regulación de una
industria que no se controla no equivale a construir soberanía tecnológica.
El lenguaje de la emergencia —amenazas
existenciales, descontrol y carreras hacia el abismo— también merece atención.
Las crisis suelen utilizarse para justificar medidas que, en circunstancias
normales, encontrarían mayor resistencia. Así, la carga de la prueba se
invierte: el innovador debe justificar su libertad para crear, mientras el
regulador rara vez explica por qué debería tener autoridad para prohibir.
Nada de esto significa que la IA carezca de
riesgos. Significa que los mercados, los emprendedores, los inversores y los
usuarios deben participar en el descubrimiento de soluciones mediante la
experimentación y la corrección de errores.
Durante el último siglo, los gobiernos han
causado graves daños a las libertades de sus ciudadanos. La IA no inventó el poder
estatal, pero puede multiplicarlo. La ventaja del mercado no consiste en que
los empresarios nunca se equivoquen, sino en que pueden hacerlo, corregirse y
competir sin imponer sus decisiones a toda la sociedad.
La pregunta, por tanto, no es si la IA necesita
vigilancia, sino quién vigilará a quienes pretenden controlarla.
Jabulani Chibaya - Instituto Mises
