El sábado 24 de octubre, una balacera cerca del cementerio de Concepción, puso al descubierto una historia que iba mucho más allá de un enfrentamiento armado. Cuatro ciudadanos brasileños se encontraban en una camioneta Ford Raptor cuando fueron interceptados por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Según el reporte policial, los sospechosos abrieron fuego para escapar. Tres lograron huir y el cuarto quedó gravemente herido por un disparo en la cabeza. Su identidad revelaría la dimensión de una investigación que conecta a Bolivia con algunas de las estructuras criminales más peligrosas de Brasil.
El herido era Engri Júnior de Almeida Maia, de 38 años, conocido como Júnior Trindade, también llamado «Cabezao» y «el Pablo Escobar de Goiás». Las autoridades brasileñas lo buscaban desde hacía más de cuatro años y lo vinculan con una organización denominada Associação Amigos do Estado (ADE), relacionada con el Primer Comando da Capital (PCC). Tras recibir atención médica en Concepción, fue trasladado a una clínica de Santa Cruz de la Sierra, donde permanecía en terapia intensiva, con pronóstico reservado, según los reportes del 26 de octubre. Su captura abrió una nueva ventana sobre la presencia de operadores criminales brasileños en territorio boliviano.
Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, Trindade ingresó a Bolivia en 2021 y habría utilizado una identidad falsa para ocultar sus antecedentes. Las autoridades señalaron que cambiaba de vehículos y viviendas para evitar ser localizado y que tenía más de una veintena de inmuebles en Santa Cruz. El viceministro de Lucha Integral contra el Narcotráfico, Dorian Fernando Badani, afirmó que la Policía seguía sus movimientos desde hacía aproximadamente seis meses. La capacidad de desplazarse, mantener propiedades y eludir los controles durante un período prolongado plantea interrogantes sobre la logística que habría sostenido sus operaciones y sobre la manera en que consiguió establecerse en el departamento.
La estructura atribuida a Trindade no se limitaría a la ejecución de asesinatos. De acuerdo con las autoridades bolivianas y los informes policiales brasileños citados en las publicaciones, la organización habría participado en el transporte internacional de cocaína, el apoyo logístico a cargamentos trasladados en avionetas y la protección armada de otras redes criminales. Las investigaciones también apuntan a posibles rutas entre Bolivia, Brasil y Europa. En este esquema, el sicariato habría funcionado como un instrumento para resolver disputas, eliminar adversarios y garantizar el control de determinadas actividades ilícitas. La dimensión internacional de esas operaciones es uno de los aspectos centrales que las autoridades buscan esclarecer.
El prontuario atribuido al brasileño es extenso. El Gobierno boliviano lo relaciona con entre 12 y 15 casos de sicariato en el país, mientras que en Brasil se le atribuyen más de 40 hechos criminales investigados. Entre los episodios mencionados por las autoridades figura el asesinato del subteniente de Policía Yerson Salazar, ocurrido el 30 de julio de 2026 en San Matías. El oficial integraba una comitiva que investigaba un ataque armado cuando fue emboscado. Según los reportes, su cuerpo fue encontrado posteriormente, con signos de haber sido calcinado. La Policía vincula a Trindade con este crimen, aunque las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante la investigación y el correspondiente proceso judicial.
San Matías y San Ignacio de Velasco aparecen también entre los escenarios de la violencia que las autoridades relacionan con la organización. En la zona fronteriza con Brasil se registraron enfrentamientos armados y asesinatos que, según las investigaciones preliminares, podrían estar vinculados con disputas entre grupos dedicados al narcotráfico. Otro caso mencionado es el doble asesinato de dos ciudadanos brasileños con antecedentes por narcotráfico, ocurrido en Valle Sánchez, donde las víctimas fueron abatidas en el patio de un inmueble. A estos hechos se suma la muerte de Jonathan López Rodríguez, hijo del alcalde de San Ramón, citada por las autoridades entre los episodios que investigan. La tarea policial consiste ahora en determinar qué conexiones existen entre estos crímenes y qué pruebas permiten atribuir responsabilidades concretas.
Uno de los elementos más sensibles del caso es la presunta relación entre la organización de Trindade y la estructura criminal del uruguayo Sebastián Marset. El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, afirmó que la red brasileña habría proporcionado protección a cargamentos de droga y seguridad a otras organizaciones, incluida la de Marset. El ministro Oviedo fue más allá y sostuvo que, según la información recibida desde Brasil, la estructura investigada podría haber sido incluso más grande que la atribuida al narcotraficante uruguayo. La afirmación refleja la magnitud que el Gobierno asigna al caso, pero todavía debe ser respaldada por evidencias que permitan conocer el alcance real de las relaciones entre ambas redes.
La dimensión económica también forma parte de las pesquisas. Según los reportes difundidos, investigaciones brasileñas atribuyen a la organización movimientos de al menos 70 millones de reales mediante operaciones financieras vinculadas al PCC. La Fiscalía de Goiás habría estimado que el movimiento económico acumulado de la estructura podría alcanzar los 1.000 millones de reales desde su creación. Son cifras de gran magnitud, cuya interpretación depende del período considerado, de las operaciones incluidas y de los resultados de las investigaciones financieras. En los allanamientos posteriores al enfrentamiento de Concepción, los agentes secuestraron un fusil Taurus calibre 7,62, municiones, marihuana, vehículos, motocicletas, motos acuáticas, embarcaciones, equipos electrónicos y joyas. El inventario revela la diversidad de bienes encontrados, pero su relación con actividades delictivas deberá ser determinada por los investigadores.
El operativo también dejó preguntas sin respuesta. De los cuatro brasileños que viajaban en la camioneta, tres escaparon y continuaban prófugos, según los informes policiales. Los investigadores encontraron manchas de sangre en el lugar y presumían que uno de los fugitivos podría haber resultado herido. La única persona aprehendida después del enfrentamiento fue Larissa Ribeiro de Oliveira, ciudadana brasileña que las autoridades identificaron como pareja y presunta colaboradora de Trindade. Sin embargo, la mujer negó públicamente mantener una relación sentimental con él. Los reportes indicaron que habría intentado trasladarlo en una avioneta para que recibiera atención médica, un extremo que debe ser esclarecido. Su situación y el grado de participación que pudiera haber tenido corresponden ahora a la investigación judicial.
El caso de Trindade no es un episodio aislado dentro de los reportes recientes sobre la presencia de criminales brasileños en Santa Cruz. El material difundido menciona la captura, un mes antes, de Roberto Prieto Filho, alias «Betinho», y Márcio Barbosa da Silva, conocido como «Beiço de Mula», ambos señalados como cabecillas del PCC. También recoge declaraciones del jefe del Departamento de Operaciones Policiales Estratégicas de São Paulo, Fábio Pinheiro Lopes, quien denunció posibles filtraciones de información que habrían alertado a sospechosos antes de un allanamiento. Hasta el momento de esas publicaciones, no se había identificado al responsable de la supuesta filtración. Estas denuncias abren una línea de investigación especialmente delicada: establecer si las organizaciones criminales contaban con información privilegiada o algún tipo de protección dentro de las instituciones bolivianas.
La cooperación entre la Policía Boliviana, la Policía Federal de Brasil y la agencia estadounidense DEA forma parte de las investigaciones sobre la estructura atribuida a Trindade. Las autoridades sostienen que los operativos continuarán para identificar a los integrantes de la red, reconstruir sus conexiones y determinar el alcance de sus actividades. Sin embargo, el desafío no se limita a capturar a sus principales figuras. También exige seguir el rastro del dinero, identificar los bienes adquiridos presuntamente con recursos ilícitos, establecer las rutas utilizadas para transportar droga y descubrir posibles redes de apoyo. La detención de un sospechoso puede interrumpir temporalmente una operación, pero desarticular una organización requiere conocer cómo se financia, quiénes la integran y qué mecanismos le permiten mantenerse activa.
La balacera de Concepción dejó a Júnior Trindade gravemente herido, a tres presuntos colaboradores prófugos y a una investigación que todavía tiene numerosos interrogantes. Las acusaciones que pesan sobre el brasileño dibujan el perfil de un operador que habría combinado narcotráfico, protección armada y asesinatos por encargo, con conexiones que cruzaban la frontera. Pero también ponen sobre la mesa una cuestión que trasciende su destino judicial: cómo las redes criminales internacionales consiguen establecerse, mover recursos y desarrollar actividades ilícitas en Santa Cruz. La respuesta dependerá de las pruebas que logren reunir las autoridades y de su capacidad para llegar más allá de los nombres conocidos. Porque, si las sospechas se confirman, la caída de un presunto jefe criminal será apenas el comienzo de una investigación mucho más profunda.
