Las sanciones de Estados Unidos a 15 ciudadanos bolivianos y sus familiares ya produjeron efectos en el país. Aldo Ismael Quezada Cerruti presentó este jueves su renuncia como presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz y a su cargo como vocal de la Sala Constitucional Segunda de este distrito.
La dimisión de Quezada se produce horas después de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gomez, les recomendara a él y al vocal del TDJ, Julio Nelson Alba Flores que presenten sus renuncias y se sometan a investigación sin el privilegio que conlleva el ocupar altos cargos públicos.
“Pongo en conocimiento de ustedes señores vocales, mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, así como también mi renuncia al cargo de vocal de Sala Constitucional Segunda del mismo Tribunal”, señala la carta escueta de Quezada, cuyo contenido fue difundido por medios televisivos.
Quezada fue elegido el 10 de enero de 2025 como presidente del TDJ de Santa Cruz. El comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos no da detalles sobre los motivos de las sanciones. En general señala que la restricción de visas forma parte de la política del gobierno norteamericano que "se dirige contra los ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política".
“Al imponer restricciones de visado a dichos individuos, estamos apoyando los esfuerzos que se están llevando a cabo en Bolivia y Colombia para erradicar la influencia ilícita en los tribunales, la policía y los órganos legislativos”, señaló en redes sociales, Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental.
El 28 de septiembre, EEUU emitió una primera lista de 12 ciudadanos bolivianos sancionados entre los que incluyó a Róger Rider Mariaca Montenegro y Alberto Zeballos, que se desempeñaban entonces como fiscal general y fiscal departamental de Santa Cruz. Esta decisión marcó el inicio de la caída de ambos ya que días después fueron aprehendidos y actualmente cumple detenciones preventivas en cárceles de Potosí y Cochabamba.
