La detención y el procesamiento con todo el rigor de la ley del senador Nilton Condori debería ser el punto de inflexión para acabar con la impunidad parlamentaria, una degeneración de la labor legislativa que muchos han convertido en un ejercicio mafioso de carlos electivos que son vitales para el funcionamiento de la democracia.
Mientras ciertos sectores políticos afines ponen el grito en el cielo, exigiendo un debido proceso, clamando por las garantías de la investidura de Condori, la ciudadanía se pregunta: ¿cuándo comenzaremos a ver las cosas al revés? ¿Cuándo exigiremos que los curules dejen de ser el escudo de impunidad para cometer delitos, incitar a la violencia y desestabilizar el país?
La historia política boliviana de las últimas décadas demuestra cómo el fuero legislativo ha sido manipulado y pervertido. Evo Morales construyó su liderazgo desde una diputación solitaria, utilizando la protección de su cargo no para construir institucionalidad, sino para promover bloqueos, asfixiar la economía y estrangular a la población. Pese a las acusaciones graves que pesaban sobre él, la misma democracia a la que atacaba terminó restableciéndole las garantías, permitiéndole perfeccionar un modelo donde el Parlamento sirve como salvoconducto para delinquir sin asumir responsabilidad alguna.
El caso de Nilton Condori no es un hecho aislado; es el reflejo directo de esta misma praxis degradada. Investigado por instigación a delinquir y terrorismo tras respaldar y promover medidas de fuerza que dejaron a ciudades enteras desabastecidas y a enfermos sin auxilio médico, Condori apela hoy al libreto del blindaje institucional. Durante años, el Palacio Legislativo ha visto desfilar bancadas serviles a intereses oscuros: desde grupos vinculados al contrabando de vehículos («chuteros») y redes del narcotráfico, hasta parlamentarios que han usufructuado su cargo para encubrir abusos o transar la designación de altas autoridades judiciales a cambio de favores económicos.
Lo que reclaman, no están pidiendo el respeto al debido proceso, sino impunidad parlamentaria. Pretenden mantener la chapa de «padres de la patria» mientras utilizan su poder para arruinar a las familias bolivianas y proteger estructuras delictivas. La inmunidad fue concebida como una garantía constitucional para resguardar la fiscalización y la libertad de expresión de los representantes del pueblo, no como un cheque en blanco ni una patente de corso para violar el ordenamiento jurídico.
No se puede tener consideración ni lástima con legisladores que no han tenido la más mínima empatía ni piedad con el país. Si un ciudadano común debe responder ante la justicia cuando comete un delito, un parlamentario que se debe a su pueblo debe hacerlo con mayor rigor e inmediatez. Es momento de poner fin a esta mafia enquistada en el Legislativo y dejar sentado que la ley se aplica para todos por igual.
No se puede tener consideración ni lástima con legisladores que no han tenido la más mínima empatía ni piedad con el país. Si un ciudadano común debe responder ante la justicia cuando comete un delito, un parlamentario que se debe a su pueblo debe hacerlo con mayor rigor e inmediatez.
