Bolivia está mucho peor de lo que se dice, de lo que se piensa y de lo que permiten suponer las acciones del Gobierno. La ONU acaba de poner sobre la mesa una realidad estremecedora: el país se ha convertido en un centro de operaciones de los grandes carteles internacionales de la droga. Nuestro territorio es una plataforma desde la que operan organizaciones criminales de México, Brasil, Colombia y Perú, en sociedad con estructuras locales.
Es el sueño de Pablo Escobar y, por supuesto, el de Evo Morales: un territorio donde el poder del Estado retrocede, la ley se vuelve negociable y las organizaciones criminales encuentran condiciones para expandirse y sentar soberanía.
Según la ONU, los carteles operan con la anuencia y el consenso de organizaciones locales. El diagnóstico incluye narcotráfico, contrabando, trata de personas, minería ilegal, corrupción y sicariato. No hablamos de delitos aislados, sino de un entramado económico y criminal que disputa territorios, infiltra instituciones y necesita funcionarios dispuestos a mirar hacia otro lado.
Pero hay algo todavía más grave: las señales de que no se está haciendo todo lo que se anuncia. Las recientes declaraciones de Samuel Doria Medina sobre los pagos para autorizar despegues de avionetas cargadas de cocaína son lapidarias. Según su denuncia, las tarifas habrían pasado de 50.000 dólares durante los gobiernos del MAS a 80.000 en la actualidad. Si esa información es cierta, estaríamos ante una continuidad intolerable de mecanismos de corrupción que ningún cambio de Gobierno habría conseguido desmantelar.
La captura de Sebastián Marset rompió, según la UNODC, una especie de «narcopaz» entre organizaciones que convivían mientras distribuían rutas y territorios. Ahora aparecen las disputas, los asesinatos por encargo y la violencia que antes podía permanecer oculta. El problema es que Bolivia no tiene un Bukele ni un Noboa capaces de convertir la lucha contra las mafias en una prioridad política inequívoca. Y tampoco puede confiar en que la cooperación internacional sustituya la voluntad de sus propias autoridades.
Bolivia todavía puede evitar convertirse en otra Colombia, otro Ecuador o una versión tropical de El Salvador. Pero para eso necesita algo más que discursos, operativos publicitados y fotografías con aliados extranjeros: necesita romper, de una vez por todas, cualquier sociedad entre política y crimen organizado.
La tarea es titánica. Necesitamos inteligencia, control efectivo de fronteras y aeródromos, persecución de las finanzas criminales, extinción de dominio con garantías judiciales, fiscales independientes y jueces que condenen a los culpables. La cooperación con Estados Unidos y otros países debe ser profunda, operativa y sostenida. Pretender derrotar redes transnacionales con esfuerzos aislados sería una ingenuidad peligrosa. Pero ninguna ayuda extranjera servirá si dentro del Estado persisten complicidades.
Bolivia todavía puede evitar convertirse en otra Colombia, otro Ecuador o una versión tropical de El Salvador. Pero para eso necesita algo más que discursos, operativos publicitados y fotografías con aliados extranjeros: necesita romper, de una vez por todas, cualquier sociedad entre política y crimen organizado.
