La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) aprobó este jueves en la madrugada la ley que crea la Defensoría de las Cruceñas y los Cruceños, como una instancia de defensa de los derechos de los ciudadanos de la región. Señalan que esta figura está amparada en el artículo 118 del Estatuto Autonómico Departamental.
“Después de más de diez horas de debate en este parlamento cruceño, hoy hemos aprobado la ley de la Defensoría de las Cruceñas y los Cruceños”, informó la presidenta de la ALD, María René Álvarez,
La asambleísta Natasha Castedo resaltó que esta ley recoge demandas ciudadanas surgidas en diversos cabildos y en el marco del fortalecimiento de la autonomía de la región.
Alberto Ruiz, secretario de la ALD resaltó que la Defensoría permitirá fortalecer los instrumentos legales a nivel departamental con énfasis en la protección de los derechos ciudadanos, seguridad jurídica y respeto al debido proceso.
Tras la aprobación de la norma en el legislativo, solo resta la promulgación a cargo del gobernador Juan Pablo Velasco. Una vez entre en vigencia la ley, la ALD prevé seguir con los mecanismos para su implementación que tiene como punto central el lanzamiento de la convocatoria y el proceso de selección del primer Defensor de las y los cruceños.
El gobernador resaltó que la aprobación de la ley marca un hito histórico para Santa Cruz. “La autonomía no se construye solamente con discursos. Se construye con instituciones, competencias y decisiones que protejan a los ciudadanos”, destacó JP Velasco.
La nueva ley remarca que la figura departamental del defensor no sustituye ni interfiere con las funciones y el desempeño del Defensor del Pueblo nacional, cargo que actualmente ejerce Pedro Callisaya. ”El ejercicio de las atribuciones de la Defensoría Departamental de las Cruceñas y Cruceños no sustituirá, limitará ni interferirá en las competencias constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo, de la ALD de Santa Cruz ni de otras instituciones del Estado”, remarca la norma.
Se detalla además que la Defensoría departamental será una institución desconcentrada, dependiente solo del gobernador. Además tendrá “autonomía de gestión técnica y administrativa en el ejercicio de sus funciones, sin subordinación jerárquica de las secretarías departamentales”.
