El gobierno nacional presentó este jueves una denuncia formal contra 19 personas, entre ellos cuatro exministros de Defensa, por las fallas en un sistema de 13 radares con un presunto daño económico al Estado superior a los Bs 1.478 millones.
La demanda penal fue presentada en la Fiscalía por el actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien detalló que en 2016 se firmó el contrato por más de 191 millones de euros para la adquisición de un sistema de 13 radares, bajo la modalidad llave en mano, es decir que deberían ser entregados funcionando. Sin embargo, solo dos de ellos están operativos con normalidad, nueve tienen observaciones y dos no funcionan.
Agregó que el plazo inicial de entrega era de 31 meses, pero con sucesivos contratos modificatorios el plazo final se extendió a 98 meses.
“No habrá encubrimiento, tampoco habrá condenas anticipadas, habrá investigación, debido proceso y defensa firme del patrimonio del Estado”, enfatizó Justiniano ante los medios de comunicación.
Entre los 19 denunciados, hay exautoridades, exfuncionarios, técnicos y representantes de la empresa proveedora. Los ministros en la mira son Reymi Ferreira, quien firmó el contrato inicial y las dos primeras modificaciones, Javier Zavaleta, que puso la rúbrica a otros dos contratos modificatorios, Fernando López Julio, por el quinto cambio y Edmundo Novillo, por los dos últimos ajustes al contrato inicial.
“En 2016, Bolivia contrató un sistema compuesto por 13 radares civiles y militares, centros de control, comunicaciones, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica. Y hay un elemento fundamental, no se compraron radares aislados. Se contrató un proyecto, llave en mano. Eso significa que el Estado debía recibir un sistema completo, integrado, funcional y puesto en operación”, explicó el ministro de Defensa.
“El problema no es solamente cuánto tiempo demoró, la auditoría identificó observaciones en la contratación, en las modificaciones contractuales, en las garantías, en los procesos de recepción y en el resultado operativo del sistema”, cuestionó Justiniano.
Uno de los principales objetivos del sistema de radares era mejorar el control del espacio aéreo boliviano con el fin de interceptar aeronaves que realicen vuelos ilegales, principalmente ligadas al narcotráfico.
