El crimen organizado es un problema regional, no local. La epidemia de violencia es generalizada y su combate también debe ser regional y mancomunado. El narcotráfico se expande como nunca, mientras los carteles y las redes ilegales diversifican sus negocios, incrementan su poder de fuego y desafían a gobiernos e instituciones debilitados por la corrupción, la falta de recursos y la escasa preparación para enfrentarlos.
El tráfico de drogas ha creado una gigantesca maquinaria
delictiva, de la que han surgido decenas de grupos criminales que operan bajo
la lógica de la oferta y la demanda. Todos quieren su parte del negocio.
Bolivia parece haberse convertido en uno de los eslabones
más débiles y contaminados de esta cadena. En una semana cayeron el fiscal general
del Estado y una veintena de jueces y fiscales departamentales. Un sismo sin
precedentes y, posiblemente, la antesala de una purga mucho más profunda.
Estamos presenciando, azorados, apenas la punta de un iceberg cuya existencia
era un secreto a voces.
Cuando una organización criminal cae, la que ocupa su lugar
no empieza de cero: hereda rutas, contactos, mercados y funcionarios dispuestos
a negociar. También busca conservar su nómina de protectores legales: fiscales,
jueces, abogados y políticos. Es una red gigantesca de la que apenas conocemos
algunas piezas.
Debemos entender que el crimen organizado latinoamericano no
está compuesto por delincuentes aislados, sino por estructuras con nodos de
poder, cuadros organizados y negocios ilegales que pasan de los grandes capos a
sus sucesores, muchas veces después de una muerte violenta.
La cadena funciona mediante el desconocimiento mutuo.
Quienes administran laboratorios de pasta base o cocaína cristalizada,
instalados en la Amazonía, áreas protegidas o territorios controlados por
sectores vinculados al narcotráfico, pueden no conocer al piloto que recoge la
carga. Este tampoco necesariamente conoce al intermediario que la recibe ni al
comprador final. Así, una sucesión de desconocidos integra el mismo engranaje:
una economía clandestina que conecta pueblos y selvas con mercados de América
Latina, Europa, Estados Unidos y Asia.
Aunque parezca paradójico, ese anonimato contribuye a
mantener la red en funcionamiento. Carlos Lehder, uno de los fundadores del cartel
de Medellín y primer colombiano extraditado a Estados Unidos en ese contexto,
explica en sus memorias Vida y muerte del cartel de Medellín (Editorial Debate)
dos reglas del negocio: todos intentarán robarte la droga o el dinero y todos
querrán quedarse con tus rutas y contactos. La disputa es permanente.
En esa espiral estamos atrapados: grupos que se disputan
mercancías, mercados, rutas, contactos y protección. De ahí las balaceras
recurrentes, las zonas rojas y el desorden que dejó tras de sí Sebastián
Marset, el narcotraficante uruguayo. Alrededor de estas organizaciones crecen
grupos armados y redes informales que transportan mercancía por todo el
territorio boliviano, mientras buscan nuevos negocios.
La pregunta es cuándo terminará todo esto. Se supone que
bastaría capturar al pez gordo o ejecutar el operativo adecuado para
desmantelar la organización. Pero la realidad es menos atractiva que una serie
mexicana o colombiana: ningún país ha acabado por completo con el crimen
organizado. Estados Unidos no eliminó su mafia histórica; Italia sigue
enfrentando a la "Ndrangheta y México libra una lucha prolongada contra sus
carteles.
En el mejor de los casos, los Estados consiguen limitar su
radio de acción, impedir que capturen todas las instituciones, evitar que
controlen territorios y reducir la violencia con la que imponen sus reglas. La
operación policial masiva en Río de Janeiro evidencia la complejidad de estas
estructuras, que involucran a jóvenes, adultos y familias enteras, dentro de
redes donde el conocimiento y el desconocimiento mutuos conviven.
Así estamos: en un país donde las redes criminales penetran las instituciones y la sociedad, resulta cada vez más difícil distinguir quién participa en el negocio y quién permanece al margen.
