Franz Kafka escribió una «metamorfosis» escalofriante: un individuo que un día despierta transformado en escarabajo y las vicisitudes que debe afrontar, especialmente con su familia, debido a esta mutación. No menos escalofriante es la transformación que padeció Bolivia por ser uno de los tres países productores de hoja de coca y… de cocaína.
La mutación institucional de Bolivia no ocurrió en una sola
noche, como en la obra de Kafka, sino a lo largo de décadas de quiebres
políticos, vacíos de poder y enclaves territoriales que terminaron por
reconfigurar el tejido del Estado. Lo que analistas, opositores y críticos
denominan el «narcoestado plurinacional» es el resultado de un largo proceso
que comenzó con la cooptación de las instituciones tradicionales y culminó en
una arquitectura jurídica que, bajo el paraguas de la «refundación indígena»
del país, diluyó las fronteras entre la legalidad y las economías ilícitas.
Hasta parece que toda esta mutación estuviera dirigida a convertir al país en
un narcoestado.
Para entender esta transformación, la memoria debe
retroceder a los años ochenta, una década descrita muchas veces como un período
de quiebre moral y económico. En 1980, el golpe de Estado de Luis García Meza
consolidó lo que muchos consideran el primer ensayo de narcoestado en la
región. Financiado y sostenido por la organización de Roberto Suárez Gómez,
apodado el «Rey de la Cocaína», y asesorado por personajes como el criminal
nazi Klaus Barbie, el régimen militar demostró que el aparato estatal podía operar
directamente como una gerencia de comercialización de cocaína.
Aunque la democracia regresó en 1982, las rutas, las
complicidades y la gigantesca inyección de dinero en efectivo ya habían echado
raíces en la economía subterránea del país. Desde entonces, cabe considerar la
siguiente secuencia: años ochenta, dictadura de García Meza; años noventa y dos
mil, sindicalización del Chapare; 2009, Constitución Política del Estado
Plurinacional; 2025-2026, crisis y enclaves.
A finales de los noventa y principios de los dos mil, el eje
del poder informal se instaló en el trópico de Cochabamba. Las federaciones
cocaleras del Chapare, lideradas por un joven dirigente llamado Evo Morales, de
carisma indudable, pero también de un discurso que sus críticos consideran
racista y sectario, aprovecharon la tendencia izquierdista y progresista
mundial de la época. Su fenotipo llamó la atención no solo en el país, sino
también en Europa. Estas federaciones convirtieron el cultivo de la hoja de
coca en un bastión de resistencia política y sindical frente a los programas de
erradicación respaldados por Estados Unidos.
Con el tiempo, desarrollaron una soberanía interna tan
rígida que desplazó a las autoridades municipales y policiales. En el Chapare,
ya convertido en un enclave, la ley del sindicato se impuso sobre la ley de la
República. Cuando Morales alcanzó la presidencia en 2006, el programa político
de su movimiento no solo buscaba la reivindicación indígena, sino también la
protección constitucional de su principal motor socioeconómico regional.
El punto de inflexión definitivo ocurrió con el
controvertido proceso de aprobación y promulgación de la Constitución Política
del Estado de 2009, que dio nacimiento al Estado Plurinacional. Bajo principios
legítimos de inclusión de las naciones indígenas, la nueva estructura reconoció
autonomías territoriales y sistemas de justicia comunitaria que, según sus
críticos, terminaron contribuyendo al blindaje de determinadas zonas frente a
la fiscalización estatal ordinaria.
A la par de este cambio institucional, se produjeron
decisiones clave, como la expulsión de la Embajada de Estados Unidos y de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en
2008, y de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en 2008. Estas
medidas se justificaron en nombre de la soberanía. También aumentó la
superficie de cultivo de coca, en respuesta a las demandas de la base cocalera
del MAS.
El Gobierno implementó un modelo de «automonitoreo»
sindical, denominado «erradicación concertada», que, según informes
posteriores, habría permitido que hasta el 40 % de la hoja de coca
presuntamente legal se desviara a la producción de clorhidrato de cocaína. Esto
sin contar los excedentes de la producción legal, incluso la proveniente de los
Yungas.
En esa etapa también se produjo un debilitamiento de la
justicia, hoy denunciado y percibido por buena parte de la población. Sin
embargo, hay que reconocer que el sistema jurídico boliviano nunca fue
plenamente probo, imparcial ni justo, aunque con diferentes grados y magnitudes
según el tiempo y el lugar. Esa estructura endeble fue corrompida y deteriorada
aún más durante los gobiernos del MAS. La cooptación política del sistema
judicial y su debilitamiento mediante presiones y amenazas contribuyeron a
garantizar elevados niveles de impunidad para las redes de narcotráfico, la
corrupción y la delincuencia en general.
Hacia mediados de la década de 2020, las costuras del modelo
comenzaron a abrirse de forma estrepitosa. La fractura interna del oficialismo
entre el ala de Luis Arce y los leales a Evo Morales destapó una caja de
Pandora de denuncias cruzadas de corrupción y encubrimiento del narcotráfico.
Para entonces, Bolivia ya no era solo un productor de materia prima: se había
transformado en un nodo logístico internacional donde operaban organizaciones
como el Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho y otros grupos
criminales, que facilitaban el traslado de grandes cargamentos de droga hacia
Europa y países vecinos. Casos de alto impacto, como el del uruguayo Sebastián
Marset, evidenciaron la facilidad con la que capos internacionales podían
obtener identidades falsas y protección dentro del territorio nacional.
En el último trimestre de 2026, la narrativa de la Bolivia
plurinacional enfrenta su encrucijada más amarga. Críticos y juristas sostienen
que la Constitución «pluri» terminó operando, involuntariamente, como cobertura
normativa de un entramado delictivo transnacional. Tras años de inestabilidad,
bloqueos y deterioro económico, la transición política liderada por Rodrigo Paz
se enfrenta a una tarea titánica. Su Gobierno, considerado por muchos analistas
excesivamente lento, negligente e incluso ineficiente, debe desmontar una
estructura en la que el crimen organizado ya no presiona al Estado desde
afuera, sino que, en varios rincones de la geografía boliviana, parece haberse
convertido en el Estado mismo.
Hay que terminar admitiendo que Bolivia, por sí sola,
difícilmente podrá enfrentar un poder ilícito y corrupto incrustado en las
propias entrañas del Estado y de dimensiones tan gigantescas.
