El experimentado periodista cruceño Roberto Méndez publicó hace un tiempo, un libro titulado Pena de muerte, en el que resumió, con abundante documentación acumulada durante años de reporterismo, la dramática etapa que le tocó vivir al país en los años ochenta, cuando el narcotráfico literalmente se apoderó del país.
Cada día, Santa Cruz soportaba balaceras, ajustes
de cuentas, asesinatos y toda clase de hechos criminales. Cuando le preguntaron
por qué había elegido semejante título, Méndez respondió que en aquella época,
todos los bolivianos estábamos condenados a muerte. Cualquiera podía terminar
acribillado en una esquina. La violencia se imponía en las calles; vivíamos con
la angustia de que una bala criminal nos encontrara.
Por desgracia Bolivia vuelve a caminar por ese
sendero y no sería exagerado afirmar que estamos estamos peor que entonces.
Santa Cruz se ha convertido en refugio de organizaciones criminales
transnacionales que encuentran aquí condiciones para instalarse, disfrutar de
sus fortunas y eludir a la Justicia.
El reciente reportaje de la televisión
brasileña sobre Roberto Prieto Filho, alias Betinho da Baixada, y Márcio
Barbosa da Silva, conocido como Beiço de Mula, retrata esta realidad. Ambos,
señalados como integrantes de alto rango del Primeiro Comando da Capital (PCC),
vivían como millonarios en Santa Cruz mientras eran buscados en Brasil. Restaurantes,
gimnasios, condominios de lujo y centros comerciales formaban parte de su
cotidianidad.
El jefe policial brasileño Fábio Pinheiro
Lopes afirmó que, si hubiera podido permanecer más tiempo en Bolivia trabajando
con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), habría
capturado a veinte criminales en lugar de dos. La declaración resulta
inquietante: sugiere que nuestra ciudad alberga una estructura criminal mucho
mayor de la que conocemos.
Más grave todavía son sus denuncias sobre presuntas
filtraciones de información reservada, manipulaciones de registros judiciales y
redes de protección institucional. Según su testimonio, Betinho habría recibido
aviso anticipado de un allanamiento.
La amenaza de muerte denunciada por el
presidente Rodrigo Paz después de la captura de otro presunto miembro
importante del PCC confirma la dimensión del desafío. Cuando una organización
criminal puede intimidar al jefe del Estado, el problema deja de ser
exclusivamente policial: compromete la soberanía y la autoridad de las
instituciones.
El atraco armado a una joyería cruceña,
atribuido por las autoridades al PCC ilustra hasta qué punto la violencia
organizada irrumpe en la vida cotidiana. No podemos acostumbrarnos a vivir
entre sicarios, armas de guerra y sospechas de complicidad institucional.
La verdadera pena de muerte es la que las
mafias imponen a una sociedad cuando sus ciudadanos deben temer por sus vidas y
desconfían de quienes deberían protegerlos. Evitar que esa sentencia se vuelva
permanente exige policías eficaces, fiscales independientes, jueces probos y
castigo efectivo para los culpables. Sin impunidad ni privilegios.
Cuando una organización criminal puede intimidar al jefe del Estado, el problema deja de ser exclusivamente policial: compromete la soberanía y la autoridad de las instituciones.
