En toda democracia existe un recurso muy valioso, pero desdeñado e incomprendido en cuanto a su función y relevancia para la salud de la convivencia en sociedad: se trata de la práctica de la oposición. Es un requisito esencial en los sistemas que intentan priorizar la voluntad de las mayorías sin desatender a las minorías, pero sus ventajas suelen ser desaprovechadas por los actores políticos y sociales.
En Latinoamérica, donde en muchos países se
tiende más a la emocionalidad que a la racionalidad al momento de gestionar los
asuntos públicos, este menosprecio ocasiona con frecuencia equivocaciones
costosas, con secuelas que pueden durar meses o años, y que requieren un tiempo
similar para corregirse, cuando es posible enmendarlas y no se producen daños permanentes.
Se perjudica así tanto al Estado como a la población, pero es esta última la
que normalmente soporta con considerable dureza los estragos de las malas
decisiones adoptadas por los agentes de poder.
Las naciones contemporáneas que procuran
sinceramente la libertad y la justicia, y buscan alejarse de las dictaduras y
los totalitarismos, posibilitan la participación de diversos actores con
distintas posturas ideológicas, además de propuestas de gestión divergentes en
las contiendas electorales. Asimismo, mantienen espacios para la crítica, la
denuncia y el disenso, algo necesario si se quiere ampliar la perspectiva sobre
la realidad y atender los desafíos que esta presenta constantemente.
Por el contrario, en aquellas naciones con
tendencias autoritarias o autocráticas, la disidencia, en cualquiera de sus
formas, es perseguida y penalizada. En ellas se observan con mayor frecuencia
acciones gubernamentales que buscan, en la medida de lo posible, complacer la
egolatría de los mandatarios que las impulsan, sean percibidas como acertadas o
erradas por la mayoría. Estas acciones no benefician más que a unos cuantos
individuos vinculados a los principales cargos del Gobierno y a una minoría de
sus seguidores.
Casi nunca es fácil aceptar los argumentos que
provienen de adversarios o de entidades con formas de pensar, creencias y
opiniones distintas de las propias. Resulta aún más incómodo si sus
apreciaciones son acertadas y nos obligan a cuestionar aquello que sostenemos
con convicción y que define nuestros puntos de vista. Desde una perspectiva
ética, se debe velar de manera conciliadora y justa por los intereses
individuales y colectivos. Asimismo, conviene revisar el contenido de las
iniciativas que difieren, en algún grado o por completo, de aquello que concebimos
como certero.
Podríamos decir que este ejercicio evidencia
dos virtudes. En primer lugar, si estamos equivocados, nos ayuda a rectificar
el rumbo de las decisiones adoptadas en beneficio de nuestro crecimiento y del
bienestar de la ciudadanía. En segundo lugar, si estamos en lo correcto,
contribuye a afianzar las acciones que se vienen ejecutando y a contar con
fundamentos sólidos para respaldarlas y defenderlas. Así, aunque no
simpaticemos con ideas distintas, siempre es oportuno examinarlas. Si bien el
otro no tiene por qué convertirse en un amigo, esto tampoco lo transforma
necesariamente en un enemigo, sino simplemente en un oponente.
En el pasado, durante lo que se conocía como
«democracias representativas», los partidos políticos asumían una suerte de
papel de intérpretes de las necesidades y los deseos de los ciudadanos, y se
comprometían a ofrecerles respuestas o soluciones cuando lograban convertirse
en la fuerza encargada de la administración estatal. Sin embargo, varios se
alejaron de sus responsabilidades e incumplieron los compromisos adquiridos con
los votantes una vez que alcanzaron el poder al que aspiraban. Por ello,
cayeron en el desprestigio y en un profundo rechazo popular, hasta el punto de
que llegó a anhelarse incluso su desaparición. A pesar de ello, no hay que
confundir a las fuerzas políticas con sus dirigentes.
En la actualidad, estas instituciones
democráticas conservan su importancia en el tablero político, a pesar de que ya
no tengan la fortaleza de décadas atrás ni sean los únicos actores de este
escenario. Otras figuras se han sumado al juego sociopolítico, como las
organizaciones no gubernamentales (ONG), las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) y los candidatos independientes que no cuentan con una maquinaria
partidista que los respalde. Todo esto fomenta una pluralidad de fórmulas y
alternativas para regir los destinos de los electores. Por tanto, en lugar de
erradicar los partidos políticos, la exhortación es a mantenerlos vigentes para
garantizar la pluralidad.
Quizás suene idealista, pero, en principio, el deber ser consiste en promover el debate y la discusión, buscando siempre lo mejor para las personas en un clima de reconocimiento y respeto mutuo, algo que escasea hoy en día. Nadie ostenta la verdad absoluta, y asumir las discrepancias como algo personal constituye, por lo general, un error.
