El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno evalúa conceder libertad condicional o anticipada a aproximadamente la mitad de las 92.000 personas detenidas durante el régimen de excepción, vigente desde 2022 como parte de su ofensiva contra las pandillas.
Bukele explicó que una comisión revisa los expedientes de los encarcelados para determinar quiénes podrían beneficiarse de la medida. Según el mandatario, algunos detenidos son culpables y merecen permanecer en prisión, pero podrían recibir un tratamiento excepcional dadas las actuales condiciones de seguridad del país.
El presidente sostuvo que la evaluación busca identificar a personas cuya participación en las pandillas habría sido mínima. Si se aplicara el porcentaje mencionado, alrededor de 46.000 detenidos podrían acceder a una liberación anticipada, aunque el Gobierno no precisó cuántos casos han sido revisados ni cuándo comenzaría a ejecutarse la medida.
La existencia de la comisión se conoció después de que un periodista preguntara a Bukele por las declaraciones de su hermano Ibrahim, quien había revelado en abril que el mecanismo revisaba individualmente los casos de los detenidos bajo el régimen de excepción. El presidente afirmó que se trata de una instancia que funciona al margen del sistema ordinario de jueces y de la Fiscalía General.
Según la información difundida por Ibrahim Bukele, la comisión está integrada por jueces, fiscales y representantes del Ejecutivo, incluida la primera dama, Gabriela de Bukele. Sin embargo, no se han explicado públicamente sus fundamentos legales, los criterios utilizados para evaluar los expedientes ni los procedimientos para que los afectados puedan impugnar las decisiones.
La revisión también abarcaría las muertes de personas bajo custodia estatal. Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado más de 500 fallecimientos en las cárceles salvadoreñas desde la aplicación de la política de excepción, en un contexto de denuncias por malos tratos, torturas y presuntas desapariciones forzadas.
El anuncio supone un cambio significativo respecto al discurso mantenido por Bukele durante más de cuatro años. El presidente ha defendido reiteradamente las detenciones masivas como una herramienta para reducir la violencia y ha sostenido que los capturados pertenecen a las estructuras criminales. En distintas ocasiones llegó a afirmar que los detenidos no volverían a las calles.
Bukele comparó la situación del país con la de un paciente que recibe tratamiento contra el cáncer. Según su explicación, las medidas de seguridad redujeron drásticamente la violencia, aunque todavía quedan integrantes de pandillas que deben ser capturados. El mandatario no estableció un plazo para concluir la revisión de los expedientes.
Desde enero de este año, los tribunales salvadoreños han comenzado a desarrollar juicios masivos contra miles de presuntos pandilleros. Abogados consultados por El País han denunciado que numerosos acusados afrontan procesos colectivos en los que tendrían dificultades para ejercer una defensa individual y que muchos son condenados por agrupaciones ilícitas.
La política de seguridad de Bukele también ha sido cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales, que denuncian detenciones arbitrarias y vulneraciones de las garantías judiciales. En marzo pasado, expertos que investigaron la situación presentaron señalamientos sobre posibles crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, y recomendaron establecer mecanismos de justicia y reparación para las personas inocentes detenidas.
El anuncio de una posible liberación masiva se produce, además, en un momento en que el Gobierno busca consolidar la recuperación económica mediante inversiones extranjeras. El martes, Bukele firmó con el empresario español Enrique Riquelme, representante del Grupo Cox, un acuerdo de inversión por más de 2.589 millones de euros destinado a proyectos de energía, gas natural, agua y saneamiento.
El presidente calificó el acuerdo como la mayor inversión en la historia de El Salvador y afirmó que podría beneficiar a la población mediante mejoras en los servicios y una eventual reducción de las tarifas eléctricas. Entre los proyectos anunciados figuran instalaciones de almacenamiento energético, infraestructura de gas natural y obras de gestión del agua. Mientras el Gobierno destaca los resultados de su política de seguridad y sus perspectivas económicas, la eventual liberación de miles de detenidos plantea interrogantes sobre los criterios de revisión, las garantías judiciales y la reparación para quienes hayan sido encarcelados injustamente.
