Unas declaraciones de hace 17 años, que en su momento fueron expresadas como una alerta de que su vida corría peligro, hoy son clave en un caso donde Evo Morales puede ser sometido a juicio de responsabilidades por asesinato y tortura.
En este caso, Morales fue denunciado por el operativo policial que se dio la madrugada del 16 de abril de 2009, en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, donde fueron abatidos tres sujetos y otros dos quedaron detenidos, tras ser acusados de ser parte de una célula terrorista separatista.
Luego de más de 17 años de ese hecho, la alianza Libre ha presentado una proposición acusatoria contra Evo Morales y Álvaro García Linera. Uno de los fundamentos clave de la denuncia es que el propio expresidente reconoció haber dado la instrucción.
Esas declaraciones de Morales corresponden al mismo 16 de abril de 2009, cuando estuvo en Venezuela y, al lado de Hugo Chávez, manifestó lo siguiente:
“Dejé instrucciones precisas al Vicepresidente de la República y mediante el Vicepresidente al Comandante de la Policía Nacional a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios y esta madrugada me informan que ha habido una balacera, un tiroteo de media hora en un hotel en la ciudad de Santa Cruz, donde han caído tres extranjeros, dos detenidos”.
Según la denuncia contra Morales, con esas declaraciones Evo demuestra que tenía información del caso de manera anterior al operativo en el Hotel Las Américas y que tuvo una participación directa en la cadena de decisión.
Posteriormente, ese mismo día Álvaro García Linera ratificó que, antes de viajar a Venezuela, Evo había dado la instrucción de “extremar esfuerzos” y que la Policía debía “colaborar con sus mejores profesionales”.
A la luz de esas declaraciones, el abogado Alberto Morales, que hizo seguimiento al caso, manifestó en ERBOL que “se ha llegado a establecer que el plan se había urdido en las más altas esferas del gobierno de Evo Morales” y “que la fase operativa del diseño del plan había sido concebida, desarrollada y ejecutada a nivel de un entorno cercano del vicepresidente a la cabeza también de su hermano Raúl García Linera, que si bien no tenía un cargo formalmente público, ejercía una especie de Dirección Nacional de Inteligencia y contrainteligencia”.
En ese operativo fallecieron el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa, el húngaro Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer, mientras que fueron detenidos el boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó. Los últimos dos y la familia de Dwyer acudieron a la CIDH, la cual estableció que el Estado era responsable de la muerte del irlandés, además de los torturas y vulneraciones que sufrieron los sobrevivientes del Hotel Las Américas.
La tesis de la acusación sostiene que Morales y García Linera “se situaron en el nivel superior de decisión que precedió inmediatamente al operativo del 16 de abril de 2009”.
Indica que “Morales impartió la instrucción política de intervenir y García Linera la recibió, la asumió y la transmitió hacia el mando policial. Esa decisión activó la estructura estatal que ejecutó la intervención y produjo las tres muertes, las dos aprehensiones y las posteriores violaciones denunciadas”.
El caso ahora se encuentra bajo investigación formal de la Fiscalía y podría ser derivado a la Asamblea, que por dos tercios tendría la posibilidad de autorizar el juicio de responsabilidades.
