Una semana después de su captura, el ex fiscal general Roger Mariaca sigue acaparando los titulares de los principales medios en el país. Se ha convertido en el pararrayos de la indignación colectiva, en la encarnación perfecta de la corrupción institucionalizada. Sin embargo, abordar el fenómeno desde la simple condena individual es caer en una trampa de los verdaderos padrinos de la actual podredumbre que vive el país.
Centrar la atención exclusivamente en figuras
visibles como Mariaca o el capo uruguayo Sebastián Marset entraña un riesgo
flagrante: transformar la crisis en un mero espectáculo simbólico donde unos
cuantos pagan las culpas para que el resto del entramado sobreviva intacto y se
mantenga operativo.
Lo que ocurre hoy en Bolivia no responde a actos
aislados de corrupción. Es la consecuencia directa de la captura del Estado o cooptación
institucional. No estamos ante actos aislados de venalidad, sino ante un
proceso sistemático donde redes clientelares y de crimen organizado
transnacional han penetrado las arterias fundamentales de la república.
Denuncias recientes sobre pagos y componendas legislativas para la designación
de autoridades judiciales son el síntoma visible de una bancada de intereses
opacos que opera transversalmente en el Parlamento, el Poder Judicial, la
Fiscalía, la Policía Boliviana y las altas esferas ministeriales.
Durante más de dos décadas, Bolivia ha
experimentado un deterioro paulatino de sus contrapesos democráticos. Pretender
sanear el país mediante una "limpieza selectiva" —es decir,
sacrificando peones o piezas intermedias conforme la presión mediática lo
exige— es una estrategia ineficaz que perpetúa el cáncer que carcome la nación.
Cuando una red de cooptación se afianza, dejar intacto un solo resquicio de
contaminación garantiza su metástasis. Los incentivos perversos permanecen y
las dinámicas clientelares simplemente se recomponen bajo nuevas caras.
La eventual intervención o fiscalización
mediante mecanismos y marcos de cooperación internacional, así como la exigencia
ciudadana de depuración, señalan un diagnóstico inequívoco: la reforma
estructural no puede ser fragmentaria. El sistema judicial y policial boliviano
padece de una anomia institucional severa. Se requiere una reingeniería
profunda que combine la inteligencia financiera, la trazabilidad de activos, la
auditoría patrimonial irrestricta a los servidores públicos y la disolución de
los feudos de poder enquistados en el aparato administrativo.
Bolivia se encuentra en una encrucijada
histórica. O bien se contenta con la escenografía del castigo ejemplarizante
para calmar las aguas —mientras la estructura profunda del delito y la prebenda
continúa operando—, o bien asume el costo político y social de refundar la
institucionalidad sobre bases de transparencia y meritocracia. No existen
medias tintas ante la descomposición sistémica: para evitar que la metástasis
institucional vuelva a reproducirse, la única vía técnicamente viable y
éticamente ineludible es cortar por lo sano.
Bolivia se encuentra en una encrucijada histórica. O bien se contenta con la escenografía del castigo ejemplarizante para calmar las aguas —mientras la estructura profunda del delito y la prebenda continúa operando—, o bien asume el costo político y social de refundar la institucionalidad sobre bases de transparencia y meritocracia.
