El depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán nuevos cargos penales presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntas torturas infligidas a ciudadanos estadounidenses. Según informaron fuentes cercanas a la investigación a cadenas internacionales, las acusaciones buscan responsabilizar a la pareja por los abusos cometidos contra al menos doce nacionales de Estados Unidos que permanecieron detenidos ilegalmente en prisiones venezolanas durante la administración de Maduro.
Los nuevos cargos por tortura se sumarán formalmente a los expedientes ya vigentes por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de fuego de alta potencia. Las acusaciones penales podrían hacerse públicas de manera inminente, abriendo una nueva fase judicial en el caso que se instruye tras la captura de ambos por fuerzas estadounidenses en el palacio presidencial de Caracas el pasado mes de enero.
La investigación penal se ha construido a partir de los testimonios de exdetenidos liberados que cooperan con la justicia estadounidense, así como de informes internacionales. Entre las víctimas figuran los veteranos Matthew Heath y Osman Khan, liberados en 2022, quienes denunciaron haber sido sometidos a descargas eléctricas, ahogamiento simulado, agresiones farmacológicas con drogas psicotrópicas y severo aislamiento. Asimismo, integrantes del grupo conocido como los "Citgo 6" reportaron torturas sistemáticas sufridas en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
La ampliación del expediente no se limitará únicamente al matrimonio Maduro-Flores, ya que los fiscales analizan imputar a otros exjerarcas y funcionarios del aparato de seguridad chavista. Los investigadores buscan reconstruir la cadena de mando para determinar tanto la autoría material de los malos tratos como la responsabilidad intelectual detrás de las órdenes ejecutadas en los centros de reclusión.
El anuncio de esta nueva imputación coincide con la audiencia programada ante el juez federal Alvin Hellerstein para evaluar una solicitud de arresto domiciliario interpuesta por la defensa de Cilia Flores. Sus abogados sostienen que la exprimera dama padece un delicado y progresivo deterioro en su salud cardíaca, agravado por las condiciones de reclusión que afronta en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde comparte celda con decenas de internas.
Sin embargo, los fiscales federales se oponen firmemente a conceder el beneficio de la prisión domiciliaria argumentando un riesgo extremo de fuga. Además, la Fiscalía argumenta que Flores y Maduro no cuentan con inmunidad diplomática ni de Estado, remarcando que el Gobierno venezolano no realizó solicitudes formales de protección para ellos, a diferencia de otras figuras políticas de la nación sudamericana.
El antecedente jurídico más directo sobre estos hechos se registró en un tribunal federal de Florida, donde un juez condenó solidariamente a Maduro, Diosdado Cabello y otros altos mandos al pago de 314 millones de dólares en indemnizaciones a tres estadounidenses víctimas de secuestro y tortura. No obstante, el caso que lidera la Fiscalía de Nueva York constituye el primer proceso penal directo por estos crímenes en la jurisdicción federal.
En paralelo a las acciones judiciales, las repercusiones políticas e industriales continúan desarrollándose tras la captura del expresidente. Pese a las crecientes acusaciones por abusos a los derechos humanos presentadas contra la cúpula del antiguo gobierno venezolano, la actual administración estadounidense ha multiplicado por cinco las compras de petróleo a Venezuela desde la detención de Maduro.
Tanto Maduro como Flores permanecen bajo custodia federal en Nueva York y se han declarado estrictamente no culpables de la totalidad de las imputaciones planteadas por la justicia norteamericana. De ratificarse la inclusión de las denuncias por tortura, la posición legal de los acusados se complicará sensiblemente de cara al inicio del juicio oral.
El proceso contra la expareja presidencial marca un hito en la persecución judicial de crímenes cometidos contra ciudadanos extranjeros en el exterior. La formulación de cargos por tortura busca sentar un precedente sobre la responsabilidad penal directa de jefes de Estado en violaciones graves a los derechos humanos ejecutadas bajo sus mandatos.
