El ciudadano acude a la justicia para buscar protección. El delincuente compra protección para eludirla. Cuando ambos llegan a la misma oficina y el segundo tiene asegurado el resultado, la ley ha sido secuestrada. Tiene dueños. Sigue escrita en los códigos, pero obedece a quien paga por torcerla.
La aprehensión de Roger Mariaca y de otras autoridades del Ministerio Público merece respaldo porque abre la posibilidad de desmontar la protección que el narcotráfico habría comprado donde debía ser combatido. El Gobierno afirma haber intervenido una organización criminal. Ahora debe establecer quiénes la integraban y hasta dónde llegaba su poder.
Los hechos no parecen aislados. Según el informe policial, ocho dependientes de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz fueron aprehendidos de madrugada cuando presuntamente intentaban retirar documentos del domicilio de Mariaca. Se movilizaban en seis vehículos, tres oficiales. Aunque después quedaron en libertad, debe establecerse quién los envió, qué buscaban y por qué utilizaron bienes del Estado.
También fue interceptada una ambulancia que salía del condominio donde vive Mariaca con tres millones y medio de bolivianos y diez mil dólares. Falta establecer el origen del dinero y quién dispuso trasladarlo de esa manera.
El marco humano que acompañó a Mariaca mientras rechazaba las acusaciones estadounidenses no prueba complicidad, pero revela una confusión inadmisible. Los funcionarios pertenecen al Estado y sus salarios los paga la ciudadanía. Su obligación es cumplir la ley, no formar una guardia personal para defender al jefe.
Frente a las detenciones aparecieron tres argumentos: la defensa de la soberanía, las objeciones al procedimiento y la acusación de que se busca interrumpir las investigaciones sobre Cerimedo para proteger a personas vinculadas al poder. Ninguno puede convertirse en excusa para impedir el esclarecimiento.
La soberanía está rota donde la Policía o las Fuerzas Armadas no pueden hacer cumplir la ley. El Estafo ha cedido autoridad cuando una orden judicial depende del permiso de quienes controlan el territorio o una mafia compra decisiones dentro de las instituciones.
Tampoco puede servir de coartada para proteger a organizaciones criminales internacionales que utilizan vínculos políticos para dominar Estados. Sin cooperación internacional, difícilmente un país podrá enfrentarlas. Cooperar no es someterse.
Cumplir el procedimiento es innegable. Pero debemos preguntarnos quién puede conducir una investigación cuando los sospechosos mandaban en la institución encargada de realizarla.
La desconfianza tiene un antecedente imposible de soslayar. En 2023, Sebastián Marset escapó del operativo que pretendía detenerlo. Cuando finalmente fue capturado, en marzo de este año, el Ministerio Público sólo fue informado después de ejecutada la operación. El contraste no identifica a los responsables de posibles filtraciones, pero obliga a investigar la protección que le permitió permanecer en Bolivia.
Los delincuentes quebrantan la ley para beneficiarse. Quienes los persiguen están obligados a respetarla. Los que la ultrajan sin miramiento son los primeros en escudarse en ella. Esa ventaja resulta intolerable.
Evo Morales sostiene que la detención de Mariaca busca salvar a Cerimedo y, con él, “a Paz y familia”. Otros legisladores afirman que las investigaciones podían alcanzar incluso a la primera dama. Esas acusaciones no deben aceptarse sin pruebas ni descartarse con un desmentido. Los expedientes deben preservarse y las investigaciones llegar hasta donde conduzcan. Investigar a Mariaca no exonera a Cerimedo. Investigar a Cerimedo tampoco convierte a Mariaca en inocente.
La Asamblea modificó la Ley 260, suspendió a Mariaca con 113 votos y eligió a su reemplazante. Después de cinco votaciones sin que Gonzalo Flores Céspedes o William Herrera Áñez alcanzaran los dos tercios, las bancadas consensuaron la designación de José Armando Urioste Viera como fiscal general interino durante 90 días.
Los tres tienen formación, experiencia y trayectorias que permiten considerarlos profesionales capaces y probos. El país cuenta con personas calificadas para asumir esa responsabilidad. Cabe esperar que, al elegir al titular, se ponderen los méritos y la integridad que el cargo exige.
Urioste tendrá que preservar las pruebas, garantizar la imparcialidad de los investigadores, apartar a quienes tengan intereses comprometidos y asegurar la continuidad de todos los procesos pendientes. Su responsabilidad inmediata es recuperar la autoridad y la credibilidad del Ministerio Público.
El Presidente Paz Pereira enfrenta un reto inmenso. Después de casi once meses de una gestión que ha acumulado dudas, ojalá tenga la capacidad de desarmar las redes delincuenciales en la Policía, el Ministerio Público y la administración de justicia. Si llega hasta el fondo, podrá recuperar la credibilidad perdida. Si se detiene ante intereses personales o sectarios, se hundirá en el desprestigio.
Una de las herencias más dañinas de los veinte años del MAS es la crisis moral. La corrupción ha hecho metástasis en prácticamente todas las instituciones y ha convertido la desconfianza ciudadana en una reacción habitual.
Superar esta crisis exige mucho más que mejorar indicadores económicos. Mientras la corrupción devore los recursos públicos, no habrá dinero suficiente para cumplir las funciones del Estado. Y donde se exijan pagos indebidos a los litigantes, habrá extorsionadores, no defensores del derecho.
La detención de Mariaca debe abrir el camino para desbaratar todas las redes delincuenciales, cualquiera sea el poder que las ampare. Hay que investigar a quienes saquearon los recursos públicos durante veinte años y a quienes hayan aprovechado su cercanía al Gobierno actual para delinquir. La caída de unos no puede convertirse en la impunidad de otros.
Dura lex, sed lex: la ley es dura, pero es la ley. Su rigor debe alcanzar por igual a todos los que la violan. No se puede sustituir una organización criminal por otra, tapar un escándalo con el siguiente ni descargar el peso de la justicia sobre un solo lado.
La ley tiene que dejar de ser un producto en venta o un instrumento de persecución política.
No debe tener dueños.
