La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) determinó este viernes impulsar una ley corta para hacer ajustes en la ley 260 del Ministerio Público, que permita el nombramiento de un fiscal general del Estado interino, luego de que el titular, Roger Mariaca Montenegro fuera aprehendido el pasado miércoles.
Con ese fin la ALP decidió que las cámaras de Diputados y del Senado realicen sesiones “por tiempo y materia” para aprobar dicha ley corta. Con ese fin, el Senado instaló poco después por separado y determinó enviar a la Comisión de Constitución un proyecto de ley corta para ajustar la ley 260 presentado por el presidente de la cámara Diego Ávila, junto a Branko Marinkovic y Lorgio Saucedo.
”Pedimos a la comisión por favor la aceleración para el tratamiento, declaramos un cuarto intermedio”, dijo Ávila antes de declarar la sesión en pausa hasta tener el informe de la comisión. Tomasa Yarhui, de la bancada de Libre, pidió que el proyecto presentado por esta alianza también sea considerado en la comisión.
En el proyecto de ley se perfila la suspensión definitiva del fiscal general titular por causales como la existencia de indicios de haber cometido delitos ordinarios o actividades ilícitas en su condición de autoridad jerárquica superior de la institución. La ALP podrá determinar la suspensión definitiva por mayoría absoluta de votos. El interinato se prolongará hasta que el propio parlamento designe al fiscal general titular.
Durante la sesión de la ALP, que se prolongó por más de cinco horas, legisladores lanzaron denuncias sin pruebas del pago de supuestas coimas. Más temprano, el vocero José Luis Gálvez también denunció supuestos intentos de compra de votos para el nombramiento del sucesor de Mariaca, aunque tampoco presentó públicamente documentación de respaldo.
Un fiscal presentó este viernes la imputación formal contra Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Daniel Irusta y el mayor de Policía, Rubén Aparicio por los delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas. Para todos ellos solicitará en la audiencia cautelar la detención preventiva por seis meses en cárceles de La Paz.
