Algunos creen que Estados Unidos hizo una breve pausa en sus conflictos con Irán, Canadá, China y la Unión Europea para ocuparse de Roger Mariaca, el fiscal general de Bolivia. Otros están convencidos de que el Departamento de Estado emite sus informes y aplica sanciones basándose en rumores, chismes y comentarios de pasillo.
También hay quienes piensan que a Washington le preocupa mucho que Bolivia tenga fiscales, jueces y policías corruptos, que reciben coimas de aquí y de allá y que a nadie le interese cambiar las cosas. Tal vez Bolivia no cambie jamás y al mundo le importará muy poco, mientras a los bolivianos les valga un comino seguir siendo los campeones de la corrupción.
Lo que le preocupa a Estados Unidos y a toda la comunidad internacional es que Bolivia se haya convertido en un narcoestado y, sobre todo, que se resista a dar los pasos necesarios para dejar de ser refugio seguro de las mafias que tienden a convertir el territorio nacional en una suerte de hub del crimen organizado transnacional. Eso no lo puede permitir nadie, pues la ubicación del país, en pleno corazón de América del Sur, lo convierte en un tumor maligno con capacidad de propagarse hacia las naciones vecinas.
Hace mucho que Brasil perdió la paciencia con Bolivia. La Policía Federal brasileña investiga desde hace años las redes criminales que operan en nuestro territorio y la penetración del narcotráfico en instituciones bolivianas. Chile y Argentina han construido muros y zanjas para impedir la invasión de droga patrocinada durante 20 años por el Gobierno boliviano.
Eso es lo que deberíamos entender antes de salir corriendo a denunciar injerencia y a defender una soberanía nacional totalmente perforada por cárteles de Brasil, Colombia, Uruguay y México, que prácticamente tienen loteado el mapa boliviano, con zonas de exclusión donde ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas tienen pisada.
Bolivia es, como lo ha dicho el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, un asunto fundamental, lo que, en términos concretos, quiere decir que hemos pasado a ser una amenaza geopolítica que compromete a la región y, en especial, a Estados Unidos, uno de los principales destinos de la droga que se produce en el continente.
Los bolivianos hemos permitido que las cosas lleguen a semejante extremo y ahora no tenemos derecho a indignarnos porque Estados Unidos intente hacer el trabajo que nosotros mismos nos negamos a encarar.
Las sanciones de Estados Unidos deberían servirnos para algo más que alimentar nuestro patrioterismo. Son un remezón para que los bolivianos comencemos a actuar con nuestros propios medios, dejemos los discursos a un lado y nos pongamos a trabajar codo a codo con la cooperación internacional, antes de que la intervención vaya más allá de una simple restricción de visas, como ha sucedido en Venezuela. Donald Trump lo ha advertido con mucha claridad y, por lo que acabamos de ver, el asunto va en serio.
Lo que le preocupa a Estados Unidos y a toda la comunidad internacional es que Bolivia se haya convertido en un narcoestado y, sobre todo, que se resista a dar los pasos necesarios para dejar de ser refugio seguro de las mafias que tienden a convertir el territorio nacional en una suerte de hub del crimen organizado transnacional.
