Bolivia asiste a la escenificación de un drama harto conocido, pero no por ello menos peligroso. En Lauca Ñ, amparado por la coraza corporativa del Trópico de Cochabamba, Evo Morales vuelve a lanzar sus chantajes al país. Dicta ultimátums, amenaza con bloqueos y exige la abrogación de los decretos que buscan sincerar la economía, como el fin de la subvención al diésel. Se atrinchera en un enclave donde el imperio de la ley ha dejado de regir, convirtiendo el legítimo malestar social del ajuste en la carne de cañón de su propia agenda de impunidad y supervivencia política.
Sin embargo, el fenómeno de Lauca Ñ no es la causa principal de la angustia nacional, sino su síntoma. El verdadero combustible del evismo ha sido, y sigue siendo, el vacío institucional y la timidez del poder formal.
El gobierno se encuentra atrapado en la negligencia táctica. Tras años de bonanza dilapidada por el modelo estatista y el agotamiento de las reservas de gas, era imperioso tomar decisiones drásticas. Pero gobernar no consiste únicamente en firmar decretos de shock económico desde un despacho ministerial; gobernar exige construir narrativa, amortiguar el impacto social y ejercer con firmeza la autoridad legítima.
Al mostrar vacilaciones frente a la delincuencia política enquistada en el Chapare, la administración de Paz le regala al caudillo la única bandera que le queda: la del defensor de los caídos en desgracia. Morales, acorralado por graves denuncias en la justicia y limitado por el veto constitucional a su reelección, aprovecha cada vacilación para erigirse en el único dique de contención popular. No busca gobernar desde las urnas —sabe que ese camino se le ha cerrado en la conciencia colectiva—, busca desestabilizar para obligar a una negociación que le garantice impunidad.
La clase política reacciona desde el confort de las declaraciones de prensa. Reprocha la retórica del odio y denuncia las pretensiones sediciosas desde los micrófonos. Pero la indignación no sustituye a la estrategia. Al no ofrecer un proyecto alternativo sólido capaz de aglutinar el malestar social por vías democráticas, la oposición convencional termina actuando como un mero espectador del enfrentamiento entre el Palacio de Gobierno y el Trópico.
Evo Morales no tiene posibilidades de retornar al poder democrático mediante el voto popular; la inmensa mayoría del país abomina de la violencia del bloqueo. Pero no necesita ganar una elección para destrozar la gobernabilidad. Le basta con convertir a Bolivia en un país inviable hasta que el Estado termine capitulando.
Bolivia no puede quedar atrapada en esta trampa. La resolución de la crisis exige un Gobierno que haga su parte y explique adónde conduce el sacrificio de los ciudadanos, proteja a los sectores productivos golpeados por la crisis de combustible y aplique la ley a quienes confunden la protesta pacífica con el delito. Si Rodrigo Paz no llena de inmediato el vacío de liderazgo con autoridad y claridad, el país continuará siendo rehén de un caudillo en declive dispuesto a arrastrar a toda la nación hacia el abismo.
Evo Morales no tiene posibilidades de retornar al poder democrático mediante el voto popular; la inmensa mayoría del país abomina de la violencia del bloqueo. Pero no necesita ganar una elección para destrozar la gobernabilidad. Le basta con convertir a Bolivia en un país inviable hasta que el Estado termine capitulando.
