La inflación no es un número en un informe, es la angustia de ver que el dinero alcanza cada vez para menos. Cuando los precios suben, lo que verdaderamente se rompe es la confianza entre la gente y su moneda. Hoy en Bolivia, la discusión económica ya no está guardada en los escritorios del Gobierno; ha bajado a la calle, a la fila del surtidor y a la conversación en la mesa familiar.
Subir los precios no pasa por una sola razón, no obedece sólo al nuevo precio del diésel. Es un problema de varios frentes. Primero, hay más bolivianos dando vueltas que dólares en el Banco Central, y cuando la gente siente que la moneda pierde fuerza, busca protegerse comprando lo que sea. Segundo, producir se ha vuelto un dolor de cabeza: el diésel escasea o sube, los repuestos y los insumos importados se encarecen, y los fletes cobran la factura. Cuando a una empresa o a un agricultor le cuesta más trabajar, no le queda otra opción que trasladar ese costo al producto final.
Ahí empieza la pelea de todos contra todos. El transportista sube el pasaje porque el repuesto le cuesta más; el comerciante sube la carne porque el flete se disparó; el trabajador pide aumento porque ya no llega a fin de mes. El problema es que en esa carrera nadie gana. Si el Estado decide quitar un subsidio de golpe, sin explicar cómo ni acordar nada con los sectores, lo único que logra es sembrar pánico y acelerar los aumentos.
El gran error de las autoridades es creer que la economía se arregla solo con planillas y buenas intenciones a futuro. Al ciudadano común no le sirve que le hablen de créditos que llegarán el próximo año si no sabe cómo va a pagar la comida del lunes. Discutir medidas difíciles sin dialogar antes con la gente es empujar el país a la protesta social.
Lo trágico es que Bolivia tiene con qué salir adelante. El dinamismo que se ve en el campo y en las ferias productivas de Santa Cruz, donde la gente sigue invirtiendo su propio capital en trabajo y tecnología, demuestra que las ganas de producir están intactas. Pero ese esfuerzo necesita combustible seguro, dólares para importar y reglas claras que no cambien a mitad de camino.
Ganar esta batalla contra la inflación no requiere discursos duros ni teorías difíciles. Requiere pragmatismo: asegurar insumos, garantizar diésel, frenar la emisión sin respaldo y sentarse a hablar con la verdad. La economía al final es algo muy humano: si el Gobierno no transmite certidumbre, la calle y el mercado informal terminarán tomando el control por su cuenta.
La batalla contra la inflación no se ganará con dogmas ni con la soberbia del poder. Requiere disciplina fiscal, sí, pero sobre todo sensibilidad y pragmatismo para garantizar insumos, combustibles y un diálogo transparente. Al final, la economía no es más que la gestión de las expectativas humanas. Si la política fracasa en ofrecer certidumbre, el mercado informal y la protesta escribirán, a su manera, su propio e implacable programa de ajuste.
El gran error de las autoridades es creer que la economía se arregla solo con planillas y buenas intenciones a futuro. Al ciudadano común no le sirve que le hablen de créditos que llegarán el próximo año si no sabe cómo va a pagar la comida del lunes.
