La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo de reactivación e intensificación de los conflictos sociales durante los nuevos 90 días de ampliación del Estado de Excepción, debido a que varias demandas permanecen sin solución y una parte de los conflictos se encuentra en fase de preconflicto.
La institución considera que este escenario constituye una alerta temprana ante la posibilidad de que distintos sectores vuelvan a recurrir a medidas de presión, principalmente por problemas relacionados con el abastecimiento de combustibles y el costo de vida, además de demandas laborales, salariales, de salud, educación y minería.
La advertencia está contenida en el Reporte N° 06/2026 de “Monitoreo Defensorial del Estado de Excepción”, presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en cumplimiento de las atribuciones establecidas por los artículos 218 y 222 de la Constitución Política del Estado, la Ley N° 870 y los Principios de París.
El informe evalúa los primeros 90 días de aplicación del Estado de Excepción establecido mediante el Decreto Supremo N° 5636, entre el 20 de junio y el 18 de septiembre de 2026, y analiza los factores de riesgo ante la decisión estatal de extender la medida por otros tres meses.
Según la Defensoría, la vigencia del Estado de Excepción permitió una rápida desescalada de las protestas en las carreteras. Los puntos de bloqueo activos se redujeron de 42, registrados el 20 de junio, a cero en apenas tres días, lo que permitió restablecer la libre transitabilidad en el territorio nacional.
Sin embargo, el informe advierte que la reducción de los bloqueos no significó la solución de las causas estructurales que originaron el ciclo de movilizaciones.
La Defensoría señala que la medida funcionó como un mecanismo de contención temporal de la protesta vial, mientras las demandas sociales continuaron generando nuevos focos de tensión y se trasladaron hacia otros sectores.
A través del Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT) y del Sistema de Alerta Temprana (SAT), la institución registró 128 eventos de conflictividad durante el periodo evaluado.
La tendencia, además, mostró un incremento de las tensiones hacia el final del periodo. El 43% de los casos, equivalente a 55 eventos, se concentró entre el 20 de agosto y el 18 de septiembre, con una diversificación de las demandas hacia los ámbitos laboral, salarial, salud, educación y minería.
Uno de los principales hallazgos del monitoreo es que la problemática de los combustibles continuó como el eje transversal de la conflictividad social.
Durante junio y julio, las demandas estuvieron principalmente relacionadas con el abastecimiento y la calidad del combustible. Posteriormente, el escenario cambió con el rechazo al Decreto Supremo N° 5676, que estableció en agosto un precio de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores.
La medida activó nuevas expresiones de protesta, entre ellas los denominados “tractorazos”, además de advertencias de movilización de sectores agropecuarios, transportistas y organizaciones campesinas en departamentos como Santa Cruz, Oruro y Potosí.
Al cierre del periodo analizado, el 57% de los conflictos se encontraba en fase de escalamiento y el 27% permanecía en etapa de preconflicto.
Para la Defensoría, estos conflictos constituyen una señal de alerta frente a la ampliación del Estado de Excepción y evidencian el riesgo de que las demandas acumuladas vuelvan a traducirse en medidas de presión durante los próximos 90 días.
Ante este escenario, la institución instó al gobierno, en sus diferentes niveles, a priorizar la apertura de espacios de diálogo intersectorial efectivo y la aplicación de políticas públicas orientadas a resolver los problemas de abastecimiento de combustible y el incremento del costo de vida.
También pidió mantener un seguimiento preventivo de los conflictos que se encuentran en etapa de preconflicto, con el objetivo de evitar que evolucionen hacia nuevas medidas de presión.
La Defensoría remarcó que cualquier operativo de las fuerzas del orden debe desarrollarse con estricto apego a las garantías constitucionales y al respeto de los derechos fundamentales.
En ese marco, informó que durante los operativos de desbloqueo se registró la aprehensión de 16 personas y que realizó seguimiento a los procesos judiciales para verificar el respeto al debido proceso.
Como resultado, cinco personas obtuvieron libertad pura y simple, cinco recibieron detención domiciliaria, tres fueron beneficiadas con medidas sustitutivas y otras tres fueron enviadas con detención preventiva a centros penitenciarios de La Paz.
Asimismo, la institución registró dos personas heridas durante los operativos y realizó seguimiento al accidente aéreo ocurrido en Sayari, Cochabamba, durante el periodo de vigencia del Estado de Excepción, donde fallecieron seis personas. El hecho es investigado por el Ministerio Público.
Durante los primeros 90 días de la medida, la Defensoría desplegó 84 acciones defensoriales en los nueve departamentos del país, mediante tareas de monitoreo y verificación en estaciones de servicio, terminales terrestres, centros de salud y otras acciones humanitarias.
