El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha referido a Bolivia en varias ocasiones y se ha reunido con Rodrigo Paz demasiadas veces como para no entender el mensaje que intenta transmitir.
Washington no insiste por capricho diplomático, sino porque percibe señales ambiguas, titubeos inexplicables y una preocupante falta de determinación en un país situado en el epicentro de la mayor amenaza a la seguridad regional: el crimen organizado transnacional.
Las declaraciones de Rubio, que califica la relación con Bolivia de "fundamental", no son cortesía política, sino un llamado urgente de atención. Para la Casa Blanca y los aliados del Escudo de las Américas, Bolivia es un eslabón peligrosamente débil: firma convenios multilaterales, pero a la hora de ejecutar acciones drásticas se repliega en la parálisis institucional o en el regateo político de corto plazo.
La ratificación de Bolivia en la "lista negra" de países no cooperantes en la lucha antidrogas es devastadoramente clara. Zonas enteras, como el Chapare, el este cruceño y municipios fronterizos como San Ignacio de Velasco y San Matías, operan bajo control de facto de mafias transnacionales. Los carteles brasileños Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) han echado raíces en suelo boliviano, permean a las fuerzas policiales, administran rutas de exportación de droga y han convertido al país en el principal foco de irradiación del narcotráfico en el Cono Sur.
Frente a ese escenario, la respuesta boliviana desconcierta. Mientras el gobierno de Paz busca financiamiento, acuerdos de mercado y respaldo económico externo, omite que la primera condición para ser un país viable es garantizar el control soberano de su territorio. De nada servirán recursos o acuerdos comerciales si la estructura institucional sigue penetrada por la corrupción y condicionada por grupos de poder vinculados al negocio ilícito.
Las advertencias del presidente Donald Trump, que amenaza con el uso de la fuerza y con intervenciones directas contra las estructuras criminales de la región, marcan la pauta del nuevo tablero geopolítico. Para la administración estadounidense, la inacción de un Estado no es neutralidad: es complicidad implícita o incapacidad manifiesta.
Bolivia debe entender que el margen para la ambigüedad se ha agotado. No se puede pertenecer al Escudo de las Américas solo en la foto diplomática o en los discursos de foros internacionales. El país necesita emprender de inmediato una purga institucional, sanear de raíz los mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas y desplegar operaciones reales de interdicción en los feudos dominados por las mafias.
Si las autoridades no se atreven a tomar decisiones duras y prefieren postergar el enfrentamiento por temor al costo político o por la parálisis de la corrupción, el país corre el riesgo inminente de perder su soberanía ante el narco o de quedar expuesto al aislamiento total y a presiones externas de gravedad impredecible.
Si las autoridades nacionales no se atreven a tomar las decisiones duras y prefieren postergar el enfrentamiento contra las redes delictivas por temor al costo político o por la parálisis de la corrupción, el país corre el riesgo inminente de perder su soberanía ante el narco o de quedar expuesto al aislamiento total y a presiones externas de gravedad impredecible.
