Ante la amenaza de algunos sectores de iniciar bloqueos en reclamo al levantamiento de la subvención al diésel, el gobierno desplegó policías y militares en carreteras para evitar los cortes viales. La medida se enmarca en el estado de excepción, ampliado por 90 días el viernes.
Según la Policía, aproximadamente 800 efectivos policiales y militares fueron desplazados desde hace dos días a distintos puntos viales del departamento de La Paz para “fortalecer los controles en carreteras y reforzar la presencia institucional en zonas estratégicas, con el objetivo de preservar el orden y la seguridad de la población”.
En la carretera La Paz-Oruro, a la altura de la comunidad Villa Remedios, se reportó la presencia de seis camionetas policiales con efectivos y dos camiones militares. También se instalaron campamentos.
El domingo se envió un contingente de 500 policías y militares a la carretera Cochabamba-Oruro para “garantizar la libre transitabilidad y preservar la seguridad de la población”.
Medios cochabambinos reportaron el despliegue de efectivos en las zonas de Suticollo y Parotani.
El presidente Rodrigo Paz anunció la noche del viernes la eliminación de la subvención al diésel mediante el Decreto Supremo 5716. Con la nueva disposición, el precio del combustible se incrementó aproximadamente un 83%, de Bs 9,80 a Bs 17,95.
El nuevo precio está vinculado a parámetros del mercado internacional.
La Central Obrera Boliviana (COB), choferes, transporte pesado, cisterneros y las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba expresaron su rechazo a la eliminación de la subvención. Las organizaciones advierten sobre el impacto en los pasajes, fletes, producción y costo de vida, y varias preparan ampliados y medidas de presión.
