¡Hay que verlos y escucharlos! Apenas se conoció el acuerdo entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional, quienes destrozaron la economía corrieron a disfrazarse de patriotas.
Invocan la Constitución para denunciar imposiciones extranjeras. Hablan de traición a la patria. Lo hacen con desparpajo, como si no fueran responsables del descalabro que dejó un Estado exhausto y corrompido hasta sus cimientos.
No hace falta consultar a ningún oráculo para saber lo que Bolivia debe hacer. Los remedios son conocidos. Hay que reducir el déficit fiscal, suspender los subsidios ciegos, terminar con el financiamiento del Banco Central al Gobierno, recuperar la producción y cerrar empresas estatales que sólo acumulan pérdidas.
Nada de eso fue descubierto por el FMI.
Las medidas del acuerdo responden a necesidades conocidas y decisiones postergadas. Incluirlas en un programa financiero no las convierte en imposiciones.
Todo crédito tiene condiciones. El Gobierno presentó un programa y asumió compromisos. Confundir un compromiso negociado con una orden extranjera sólo busca desacreditar el acuerdo y sembrar dudas sobre su legitimidad.
Al día siguiente de ampliar la vigencia del Estado de Excepción, la Asamblea aprobó la operación con el Fondo Monetario Internacional. Este viernes, el Gobierno eliminó la subvención al diésel. El combustible pasó a costar Bs 17,95 por litro y quedará ligado al precio internacional.
Desde el reducto del Chapare se denunció que ambas aprobaciones legislativas buscaban dar al gobierno carta blanca para imponer el “dieselazo”.
Como en diciembre pasó con la gasolina, todos estamos conscientes que eliminar una subvención que desangraba al Estado y alimentaba el contrabando era inevitable. Eso no exime al Gobierno de responder por la forma y el momento. El alza repercutirá sobre la producción, el transporte y los alimentos. Las compensaciones deberán probar su eficacia.
Es legítimo criticar la ejecución de una medida que tendrá duros impactos. Lo inadmisible es que quienes provocaron la crisis pretendan erigirse en fiscales del ajuste.
Quienes hoy pegan el grito al cielo administraron más recursos que ningún otro gobierno. En lugar de diversificar la producción y asegurar nuestro futuro energético, los dilapidaron.
Multiplicaron las empresas deficitarias y convirtieron el Estado en fuente de contratos y favores. Le hincaron el diente hasta a los ahorros previsionales de los trabajadores y dejaron la mayor deuda de nuestra historia.
No fue sólo un fracaso económico. Construyeron su poder dividiendo a los bolivianos y convirtiendo en enemigo a quien pensaba diferente. Usaron los recursos públicos y sometieron las instituciones a su proyecto político.
Mientras proclamaban soberanía, obedecían a sus mandantes ideológicos. Rechazaban a los organismos financieros, pero subordinaban decisiones internas a gobiernos afines. La sumisión llegó al extremo de permitir el saqueo de nuestras riquezas por empresas piratas que devastan y contaminan nuestro territorio.
Lo más grave fue el fomento del narcotráfico. Durante los gobiernos del MAS, Bolivia terminó convertida en santuario de los carteles de la droga y campo de operaciones de sus sicarios.
Esa mafia devoró la abundancia e hipotecó el futuro para prolongar su permanencia en el poder.
Sus voceros más notorios se las dan ahora de comentaristas. Con el mayor impudor hablan de disciplina fiscal, cuestionan la deuda y se presentan como custodios de la economía. Quieren que olvidemos que vaciaron las reservas y destruyeron la producción de gas. Dejaron un país que no genera los dólares necesarios para comprar el combustible que consume.
Concibieron la Constitución como cerrojo para blindar el sistema estatista que concentraba recursos y poder. Ahora pretenden convertirla en escudo contra cualquier reforma. Es necesario derrumbar ese muro infame.
El empréstito de 1.900 millones de dólares aportará recursos indispensables, con tasas muy bajas y plazos favorables. También puede abrir las puertas a unos 5.000 millones de dólares de otros organismos y países amigos. Debemos exigir que sean administrados con pulcritud y eficiencia.
Ningún préstamo salvará por sí solo a Bolivia. Tampoco reemplazará un programa económico ni podrá sostener indefinidamente un Estado que gasta más de lo que produce. Pero rechazar estos recursos por prejuicio ideológico sería prolongar la crisis para fomentar el descontento. Eso es precisamente lo que buscan.
Las insuficiencias del Gobierno no disminuyen la responsabilidad de quienes dejaron la economía en ruinas ni les concede autoridad moral para presentarse como defensores de la soberanía.
En democracia todos tienen derecho a opinar, incluso los autores del latrocinio. Hasta ahora han escapado de la justicia y hoy pretenden escapar de nuestra memoria. La impunidad no sólo protege a los culpables; también vuelve insolentes a los cínicos. Deberían andar con el rabo entre las piernas, pero son quienes más alboroto provocan.
No podrán falsear nuevamente los hechos. Los conocemos bien.
Cuando de nuestra casa común sólo quedan cenizas, los incendiarios regresan para acusar de traidor a quien pide agua prestada para apagar el rescoldo.
Podrían, al menos, tener la decencia de guardar silencio.
Pero eso es mucho pedir.
