La eliminación de la subvención estatal al diésel, aplicada desde este sábado 19 de septiembre, provocó una reacción inmediata de organizaciones sindicales, transportistas y sectores productivos, que anunciaron ampliados, estados de emergencia y posibles medidas de presión.
El Decreto Supremo 5716 establece que el diésel deje de tener un precio subvencionado y pase a determinarse mediante un mecanismo vinculado al costo de importación y a referencias internacionales. El precio inicial quedó fijado en Bs 17,95 por litro, frente a los Bs 9,80 que pagaban los consumidores minoristas.
La COB declara emergencia y anuncia un ampliado
Una de las reacciones de mayor alcance sindical llegó de la Central Obrera Boliviana (COB), que rechazó “categóricamente” la eliminación de la subvención y convocó a un ampliado nacional de emergencia para definir posibles medidas de presión.
La organización, que hace tres meses retrocedió en sus movilizaciones en demanda del presidente Rodrigo Paz Pereira, calificó la decisión como un golpe a la economía de los trabajadores y advirtió que el incremento del combustible puede trasladarse al precio de la canasta familiar.
En un pronunciamiento público, la COB responsabilizó al Ejecutivo por la eventual conflictividad social que pueda generarse y sostuvo que las bases definirán las acciones a seguir.
Choferes: “¿Qué bolsillo va a aguantar?”
El transporte público también reaccionó, tanto desde la dirigencia nacional como desde las dirigencias departamentales. El secretario general de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui, señaló que el aumento del diésel tendrá un efecto directo sobre los costos de operación y, eventualmente, sobre los pasajes y fletes.
“¿De qué bolsillo va a salir el tema de los pasajes, de los fletes?”, cuestionó el dirigente, quien pidió al Gobierno retroceder en la medida y anunció un ampliado nacional para definir acciones.
El dirigente también recordó que el transporte ya había realizado ajustes tarifarios recientemente y planteó que un nuevo incremento terminaría afectando directamente a los usuarios. Aunque inicialmente el sector había descartado aumentar nuevamente las tarifas, Tarqui advirtió que se evalúan movilizaciones si el Ejecutivo mantiene el nuevo precio.
Cisterneros y productores
Otro sector, el de los transportistas de cisternas, anunció la suspensión de sus operaciones. Sergio Koski, presidente de la Federación de Cisterneros del Sur Oriente y de la Asociación de Empresas de Cisternas de Bolivia, informó que el sector decidió dejar de cargar y descargar combustible hasta encontrar una solución con el Gobierno.
El rechazo también llegó desde el sector productivo. En Yapacaní, Santa Cruz, interculturales y productores agrícolas expresaron su rechazo al DS 5716 y rompieron y quemaron copias de la norma. Los dirigentes anunciaron una reunión de emergencia para definir nuevas medidas.
Los productores señalaron que el sector ya enfrenta pérdidas provocadas por inundaciones y problemas de abastecimiento de combustible y que el nuevo precio del diésel incrementará sus costos durante la actividad agrícola.
En el sector avícola de Santa Cruz, el dirigente Iver Gutiérrez alertó que el impacto alcanzará prácticamente toda la cadena: traslado de pollitos, alimentos, producción, faeneo, transporte y comercialización.
Gremiales habían advertido sobre el impacto
Los gremiales se habían pronunciado antes de la eliminación total de la subvención. El representante de El Alto , Toño Siñani, había planteado que el retiro de la subvención no debería aplicarse a los sectores que utilizan vehículos como herramienta de trabajo, entre ellos taxis, minibuses y transporte de pasajeros.
También había expresado preocupación por un eventual incremento del precio del GLP y su impacto sobre los hogares de menores ingresos.
El Gobierno, abierto al diálogo
Frente a las amenazas de movilización, el Gobierno abrió una mesa de diálogo. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a reunirse con transportistas, productores, obreros, campesinos, gremiales y otros sectores para escuchar propuestas y explicar la decisión.
El Gobierno, sin embargo, advirtió que el país se encuentra bajo Estado de Excepcióny que se aplicarán las disposiciones correspondientes ante eventuales bloqueos de carreteras.
La administración de Paz Pereira sostiene que el precio subsidiado generaba un elevado costo fiscal, incentivos para el contrabando y problemas de abastecimiento. El presidente afirmó que el Estado destinaba alrededor de *$us 55 millones por semana a la subvención de combustibles, más de $us 2.600 millones anuales.
Como medidas de compensación, el Ejecutivo anunció el Bono Pepe II, por Bs 874 millones para cerca de 2,9 millones de personas; el incremento del Bono Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300; hasta Bs 800 millones en créditos preferenciales y otras medidas destinadas a productores, transportistas, comerciantes y pequeñas empresas.
