El Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz concluyó este miércoles con siete acuerdos destinados a fortalecer la lucha contra el sicariato, el narcotráfico, la violencia armada y el crimen organizado, entre ellos la creación de un Comando Conjunto de Lucha contra el Crimen Organizado, cuya base principal estará en el municipio de San Ignacio de Velasco.
La instancia, presidida por el gobernador Juan Pablo Velasco, determinó que este comando sea activado inicialmente por un periodo de seis meses, con la posibilidad de extender su funcionamiento por otros 12 meses, y que cuente con efectivos policiales y militares suficientes para reforzar el control territorial.
De acuerdo con la resolución aprobada, las operaciones priorizarán la frontera con Brasil y municipios como San Ignacio de Velasco, San Matías y Puerto Quijarro, además de otras zonas identificadas mediante el mapa de calor criminal como áreas de alta incidencia delictiva.
La decisión responde a los recientes asesinatos, hechos de sicariato y violencia armada registrados en el departamento, particularmente en municipios fronterizos y en San Ignacio de Velasco, situación que el Consejo calificó como una amenaza para la seguridad, la tranquilidad y la vida de la población.
En ese sentido, el Consejo declaró como prioridad departamental inmediata la lucha contra el sicariato y el crimen organizado, planteando el fortalecimiento de las acciones de prevención, inteligencia, investigación criminal y control territorial mediante la intervención coordinada de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
Fortalecimiento de inteligencia y logística
Otro de los acuerdos establece el fortalecimiento de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, solicitando al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Defensa reforzar las unidades especializadas para identificar y desarticular estructuras criminales, autores materiales e intelectuales, financiadores y redes vinculadas al sicariato y al crimen organizado.
Asimismo, se determinó priorizar y agilizar, desde la Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana, los procesos de adquisición y dotación de bienes y equipos destinados al fortalecimiento operativo de la Policía Boliviana, de acuerdo con la normativa vigente y la disponibilidad presupuestaria.
La resolución también plantea garantizar el sostenimiento logístico de las operaciones conjuntas, incluyendo combustible, equipamiento y alimentación para los efectivos que participen en los operativos.
Como parte de esta medida, se establece además gestionar ante la autoridad competente la asignación temporal de inmuebles y vehículos incautados al narcotráfico para el uso exclusivo de la Policía y de las unidades militares que intervengan en estas acciones.
Más herramientas para la lucha contra el crimen
El Consejo acordó también solicitar al Ministerio Público gestionar, conforme a la normativa vigente, la entrega de armas decomisadas o bajo custodia judicial a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa frente al sicariato, el crimen organizado y la delincuencia.
Finalmente, se planteó promover la aprobación de leyes municipales que establezcan el uso obligatorio de chalecos reflectivos con el número de placa visible para conductores y acompañantes de motocicletas, como mecanismo de identificación y prevención.
El gobernador de Santa Cruz instruyó que la resolución sea remitida al Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Comando Departamental de la Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y demás instituciones involucradas, para su conocimiento, coordinación y cumplimiento dentro de sus respectivas competencias.
