Imaginemos, por un momento, que el gobierno decide levantar las restricciones absurdas que hoy impiden importar diésel libremente. Que cualquier persona o empresa pueda traer combustible y venderlo a precio de mercado. Al principio, es probable que el precio suba, pero más temprano que tarde, con más oferentes compitiendo entre sí, el precio bajaría y, sobre todo, mejoraría la calidad del producto y del servicio.
En un marco de libertad, los surtidores dejarían de ser espacios de precariedad para convertirse en verdaderos centros de servicio, donde cada empresa buscaría diferenciarse ofreciendo mejor atención, combustible más confiable y precios competitivos. La ciudadanía, por primera vez, tendría la posibilidad de elegir.
Hoy, esa elección no existe. Los bolivianos hacen largas colas, compran donde pueden o incluso recurren a mercados clandestinos, pagando hasta 30 bolivianos por litro de un diésel de dudosa procedencia. La desesperación por conseguir combustible refleja el fracaso de un modelo estatista que privilegia el control político sobre la eficiencia económica. Un mercado abierto permitiría que los más exitosos reinviertan sus ganancias en refinerías, sistemas de transporte e incluso en proyectos de explotación petrolera. La competencia no solo dinamizaría el sector energético, sino que abriría la puerta a nuevas industrias. Eso no es ficción, hay ejemplos de sobra en el mundo.
El impacto de la libertad sería inmediato: más producción, más exportación y mayor dinamismo económico. En regiones donde existe tradición capitalista y donde prosperar no es delito, la liberación del mercado del diésel se convertiría en un motor de desarrollo. Sin embargo, este escenario choca con los intereses del estatismo centralista. A cualquier gobierno le incomoda que los ciudadanos dependan menos de sus dádivas y más de su propio esfuerzo. Cuando la gente prospera gracias a la empresa privada, el Estado pierde poder.
La apertura del mercado del diésel generaría presión para liberar otras cadenas productivas asfixiadas por impuestos y burocracia. Sectores enteros podrían formalizarse, ya que la intervención estatal dejaría de ser un obstáculo. Más empresas significan más empleo, mejores servicios y, paradójicamente, más impuestos para financiar obras públicas. Pero ni siquiera ese beneficio parece interesar a un gobierno que prefiere mantener a la población con la mano extendida, esperando soluciones milagrosas.
El problema de fondo es cultural y político. El estatismo boliviano ha cultivado la idea de que tener esperanza significa esperar pasivamente a que el gobierno resuelva los problemas. Esa esperanza es un engaño. Lo que necesitamos no es un ciudadano que aguarde, sino uno que actúe. La liberación de la importación de diésel sería un paso hacia esa ciudadanía activa, hacia un país donde prosperar no sea pecado y donde el Estado deje de ser un obstáculo para convertirse en un facilitador.
Abrir el mercado del diésel no solo abarataría precios y mejoraría la calidad del combustible. Sería el inicio de un cambio estructural: menos dependencia del Estado, más dinamismo económico y una sociedad que premia la iniciativa en lugar de castigarla. El dilema está claro: seguir esperando en las colas o apostar por la libertad de elegir.
