La parálisis del suministro de diésel ha dejado de ser una simple crisis de gestión para convertirse en la escenificación de un cálculo político. Durante meses, las autoridades nacionales han prometido soluciones mediante decretos de excepción y anuncios grandilocuentes que invitan a la iniciativa privada a sumarse al abastecimiento. Sin embargo, cuando se contrasta el discurso oficial con la realidad en el terreno, la conclusión es ineludible: el Gobierno no tiene la menor intención de liberar el mercado del combustible ni de permitir que el sector privado resuelva el colapso.
El caso de la refinería privada en Cuatro Cañadas expone la trampa con una claridad demoledora. Tras una inversión de seis millones de dólares de capital privado, con pruebas técnicas satisfactorias para la maquinaria agrícola de la zona y con capacidad para procesar más de cien mil litros diarios de petróleo crudo, la planta permanece paralizada. ¿La razón? El laberinto burocrático de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que retiene la emisión de licencias operativas transitorias mientras los productores de la región ven peligrar sus cosechas por falta de carburante.
Este choque entre el apetito de control estatal y la urgencia productiva demuestra que las reformas promulgadas son una cortina de humo. Decretos como el 5701, que autoriza de manera excepcional a las refinerías del país a importar petróleo crudo o las normativas para pruebas piloto aparentan una flexibilización que, en la práctica, queda anulada por candados administrativos diseñados para preservar el monopolio público. Exigir la mediación del Comité de Producción y Demanda (PRODE) para programar cupos o dilatar autorizaciones ante la ANH y Sustancias Controladas son mecanismos de control social e ideológico. El Estado prefiere una economía desabastecida antes que un sector privado autónomo y eficiente que demuestre la viabilidad del libre mercado.
La trampa financiera refuerza esta estrategia. Al limitar el acceso a divisas al tipo de cambio oficial e imponer controles cruzados sobre las importaciones privadas, el Ejecutivo traslada todo el riesgo comercial al empresario, asegurándose de que la oferta independiente sea residual y dependa invariablemente del visto bueno gubernamental. No se trata de ineficiencia administrativa aislada, sino de una política deliberada de atrincheramiento.
Mantener la ilusión de una solución inminente mediante promesas televisadas mientras se asfixia burocráticamente la infraestructura productiva existente es la mayor falta de respeto al aparato productivo nacional. El Gobierno ha convertido la escasez en un instrumento de regulación coercitiva. Mientras no exista la voluntad política para desmantelar la maraña reglamentaria de la ANH y permitir que la oferta y la demanda operen con verdadera libertad, el país continuará atrapado en esta costosa patraña, donde la ideología se impone sobre el pragmatismo y la supervivencia económica del sector productivo.
El Estado mantiene paralizada la oferta privada de diésel mediante trabas burocráticas y licencias retenidas por la ANH. Detrás de los decretos de apertura existe una estrategia deliberada para preservar el monopolio energético, priorizando el control político sobre la producción nacional.
