La reciente inmovilización del 3% de los depósitos bancarios mediante la Reserva Monetaria Restringida (Resolución 131/2026) —que retira de golpe cerca de Bs 3.500 millones del mercado— es la prueba de que el gobierno ha optado por el ilusionismo para tratar de disimular la crisis, ante la constatación de que no puede y tampoco quiere aplicar soluciones estructurales.
No puede, porque la única solución de fondo —bajar el gasto del Estado, recortar empresas públicas que pierden plata y ordenar el presupuesto— es políticamente muy difícil de hacer. No quiere, porque es mucho más fácil tocar la plata de la gente que tocar sus propios gastos.
El diagnóstico de la enfermedad es claro: un déficit fiscal crónico financiado con emisión monetaria sin respaldo y en lugar de aplicar un verdadero ajuste al gasto público, reducir la burocracia ineficiente y otorgar garantías reales al sector privado para que vuelva a producir divisas, las autoridades prefieren recurrir a la pirotecnia financiera. Secar la plaza por decreto es la admisión tácita de un descalabro previo.
En vez de dejar de imprimir dinero y poner en orden las cuentas del Estado, el Banco Central hace lo contrario a lo que hizo antes: recoge de golpe los bolivianos que él mismo repartió, congelando el dinero de los bancos sin pagarles ni un peso de interés.
El que paga el costo de este placebo no es el Estado. Es la gente y las empresas. Los bancos, con menos plata disponible, van a prestar menos y más caro. Las empresas van a tener menos dinero para invertir o para comprar insumos, las fábricas y comercios van a vender menos porque la gente va a tener menos plata en el bolsillo. El ciudadano común —el comerciante de la esquina, el que quiere sacar un crédito para su casa o su negocio— se va a encontrar con una economía más apretada, con menos trabajo y menos oportunidades. Si la inflación baja un poco, no será porque hay más productos o más producción, sino porque la gente simplemente no tendrá con qué comprar.
La economía no perdona las verdades a medias. Ante una crisis que sofoca la vida cotidiana de las familias bolivianas, la respuesta del gobierno es un mero ejercicio de contención de daños. Frente a la incapacidad técnica, la inoperancia institucional y la absoluta falta de voluntad política, la estrategia se reduce a disimular, anestesiar y esterilizar la economía.
La medida no es más que un torniquete que frena por un momento la sangría del dólar, cortándole el aire al sector productivo. Es un parche que depende de que lleguen créditos de afuera, que no arregla nada de fondo. Solo pospone el problema.
Además, esta política demuestra una asimetría moral inaceptable. Se le exige una austeridad forzada al emprendedor, al comerciante, al industrial y a las familias, mientras la estructura del gasto estatal se mantiene intacta. Se posterga la corrección fiscal esperando que la salvación llegue mediante créditos o desembolsos externos, perpetuando la dependencia y la incertidumbre.
Bolivia necesita un gobierno con el valor de ordenar sus gastos, dejar de imprimir dinero sin respaldo y darle al sector privado la libertad de producir y generar dólares de verdad. Mientras eso no pase, seguiremos dopando al paciente para que no sienta el dolor, mientras la enfermedad sigue avanzando por dentro.
