En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno plantea reducir el gasto de las cuentas públicas y el déficit fiscal. Para ese objetivo, entre otras medidas, propuso un ajuste del 30 % en los salarios de las entidades del nivel central del Estado y limitar nuevas contrataciones.
“Hay varios ajustes que vamos a ir realizando, ya sea por planilla, pero también por otros gastos en el ámbito de gasto corriente, que son superfluos, o también en el ámbito de inversión”, dijo el ministro de Economía Christian Morales anoche en una entrevista a Unitel.
Además, el gobierno se comprometió a limitar nuevas contrataciones y mantener el crecimiento de la masa salarial por debajo del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal durante los próximos años.
“Esta estrategia, con la que se proyecta reducir la masa salarial por encima del 1% del PIB a lo largo del periodo del programa, ayudaría a reducir la brecha de remuneración entre el sector público y el privado y revertiría parcialmente el incremento del 4% del PIB que tuvo lugar bajo el gobierno anterior”, señala el memorando de Políticas Económicas y Financieras que Bolivia presentó al FMI.
Este ajuste fiscal busca que el gobierno reduzca la brecha entre sus gastos e ingresos y disminuya el déficit público al 3,8 % del PIB para 2028.
“En el marco del programa (con el FMI), que es un programa de 36 meses, lo que se acuerda es llegar a 2028 con un déficit fiscal de 3,8, que es un déficit que te permite tener mayor movilidad respecto a tus finanzas públicas”, informó Morales.
Subvención
Entre otras medidas, se contempla la eliminación de la subvención a los combustibles en 2027, lo que podría provocar un incremento en las tarifas de transporte y en los precios de diversos productos. Para amortiguar este impacto, el gobierno prevé fortalecer los programas de protección social orientados a los sectores más vulnerables.
“Justamente, viene otro mecanismo similar al (Bono) Pepe que hemos realizado en la presente gestión, pero incorporando algunos actores que de la evaluación de esta exitosa transferencia realizamos, que tal vez se habrían quedado afuera”, señaló.
Entre las medidas acordadas también se evaluará la gestión de la inversión pública con apoyo del FMI para identificar mejoras en la planificación, ejecución y eficiencia de los recursos destinados a obras, así como reformas en la forma en que el Estado interviene en la economía.
La semana pasada, el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley para el crédito con el FMI por 1.369 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a aproximadamente 1.900 millones de dólares, para apoyar el programa integral de reformas económicas.
