El 22 de enero de 2006, con la posesión de Evo Morales, comenzó el "12avo infortunio": un ciclo de 5.040 días de retroceso económico. Tras la renuncia de Evo, Jeanine Añez asumió una presidencia de transición de casi un año (12/11/2019–08/11/2020), marcada por varios factores: una débil posición parlamentaria frente a una oposición legislativa que rechazó créditos externos necesarios; el impacto devastador de la pandemia de COVID-19 (el "13avo infortunio"), que paralizó al mundo entero al punto de que el petróleo llegó a cotizarse en precios negativos; una crisis fiscal derivada de la cuarentena desde marzo de 2020, que llevó el déficit fiscal a -12,2% del PIB y redujo las reservas internacionales (RIN) en casi 900 millones de dólares; una gestión sanitaria cuestionable, con fuerte presencia militar y policial que obligó a la población a elegir entre el hambre y el riesgo de contagio; bonos de emergencia (Familia, Universal, Canasta Familiar) como paliativos para los sectores más pobres; casos de corrupción, como la compra sobrevalorada de respiradores y presuntos desvíos en ENTEL; y finalmente, la convocatoria a elecciones con el mismo padrón cuestionado del fraude anterior, lo que facilitó el regreso del MAS al poder.
Luis Arce gobernó del 8 de noviembre de 2020 al 8 de noviembre de 2025, en lo que el autor describe como una segunda fase del "post-evismo", todavía más dañina, y que califica como el "14avo infortunio". Según el autor, Arce reconoció públicamente a Cuba como su modelo de Estado, lo que —sostiene— acercó a Bolivia a los sistemas de Venezuela, Cuba y Nicaragua: poder concentrado y prolongado, pobreza generalizada y dependencia estatal, sostenidos por la corrupción.
El gobierno de Arce se divide en tres etapas. La primera, en la etapa pos-COVID, buscó generar dependencia de la población hacia el Estado mediante un gasto público masivo: el Bono Contra el Hambre (Bs. 1.000 para mayores de 18 años sin salario fijo); la devolución del 5% del IVA en efectivo; una ley que permitió retiros de fondos de las AFP; un fideicomiso al Banco de Desarrollo Productivo (BDP) que creció de Bs. 900 millones a Bs. 2.393 millones para créditos "SIBOLIVIA" al 0,5% anual, con escasa transparencia sobre su destino; una fuerte expansión de la inversión pública para financiar 5.800 proyectos de infraestructura y plantas estatales, con presupuestos de 4.100 millones de dólares en 2021 y 5.015 millones en 2022 (entre ellos la Planta de Urea Bulo-Bulo, la planta de cemento de Oruro, EMAPA y el tren metropolitano de Cochabamba); Bs. 1.073 millones adicionales entregados por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE); la aprobación del Impuesto a las Grandes Fortunas; y la compra masiva de vacunas e insumos COVID, cuya auditoría aún se espera. El autor concluye que este gasto produjo una estabilidad aparente, comparable a la "estabilidad de un cementerio".
La segunda etapa va del 8 de febrero de 2023 —cuando el Banco Central estableció un tipo de cambio preferencial de Bs. 6,95 para exportadores— hasta mayo de 2025, cuando Arce renunció a su candidatura presidencial en favor de Eduardo Del Castillo. Esa medida cambiaria, en vez de atraer dólares, disparó la especulación y una corrida bancaria, evidenciando la escasez de divisas. Ante la falta de financiamiento externo por la caída en la calificación crediticia, el gobierno profundizó su apuesta estatista con la creación de 170 plantas industriales bajo un modelo de sustitución de importaciones: cuatro industrias químicas y de base (Bs. 3.400 millones), plantas de biodiésel, y decenas de fábricas agroalimentarias, con un presupuesto de Bs. 29.000 millones financiado por el FINPRO del Banco Central, lo que debilitó aún más las reservas.
Para febrero de 2023, las RIN habían caído a niveles críticos: 3.538 millones de dólares en total, de los cuales solo 472 millones eran divisas líquidas (frente a 620 millones el mes anterior), generando largas filas para adquirir dólares y un mercado paralelo de "cambistas". A esto se sumó la caída de las exportaciones de gas a Brasil (de 31 a 18 millones de m³/día) y Argentina, junto con exportaciones minerales estancadas (zinc, plata, oro) afectadas por bloqueos y conflictos internos del MAS. El resultado fue un déficit comercial de -423 millones de dólares a febrero de 2023, un 41% peor que el año previo, agravando la escasez de divisas para las reservas.
*Babson "82, ex catedrático universitario
