Pocos han estudiado tanto el fenómeno de la corrupción como el jurista y pensador español Antonio García-Trevijano Forte. Su planteamiento obliga a mirar la corrupción no solamente como una debilidad moral de determinadas personas, sino como un fenómeno que puede adquirir una dimensión social cuando interviene el poder político.
La corrupción comienza siendo esencialmente un problema individual. Un funcionario acepta un soborno, un empresario ofrece dinero para obtener una ventaja, un ciudadano utiliza una influencia indebida para conseguir un beneficio. El salto cualitativo se produce cuando el poder político crea las condiciones para que esas conductas dejen de ser excepcionales y se conviertan en un sistema.
Cuando los gobernantes deciden quién recibe contratos, concesiones, subsidios, empleos públicos, permisos, beneficios fiscales o protección administrativa, aparece una enorme capacidad para premiar a los amigos y castigar a los adversarios. La corrupción se transforma en una relación entre el poder político y grupos que buscan obtener ventajas del Estado.
La política socializa la corrupción al tejer una compleja red de intereses, complicidades y dependencias. El empresario necesita al político; el político necesita al empresario; el funcionario necesita obedecer a su superior; el partido necesita financiarse y conservar el poder. Se construye así una estructura en la que muchos tienen algo que ganar y casi nadie está dispuesto a romper el mecanismo.
García-Trevijano decía que la izquierda tiende a ser más corrupta, no porque los ciudadanos de esta ideología sean necesariamente más corruptos que los de derecha. La izquierda suele defender un Estado más grande, con mayor capacidad de intervenir en la economía, redistribuir recursos y regular la vida social. Cuanto mayor es el poder discrecional del Estado, mayor es también el valor de controlar ese poder y, por tanto, mayores son los incentivos para capturarlo.
La izquierda suele llegar al poder denunciando los privilegios de las élites económicas, pero cuando necesita conservarlo termina buscando precisamente su apoyo. Los contratos públicos, las empresas estatales, las regulaciones y las subvenciones se convierten entonces en instrumentos capaces de generar nuevas alianzas entre la clase política y los grupos económicos.
Por eso la corrupción no se combate únicamente cambiando gobernantes ni encarcelando corruptos. El problema fundamental es institucional. Mientras un poder pueda repartir demasiados privilegios, siempre existirán personas dispuestas a comprarlos y funcionarios dispuestos a venderlos.
La verdadera solución consiste en limitar el poder político, separar los poderes, garantizar controles independientes y reducir la capacidad discrecional del Estado. Porque cuando el poder puede decidir demasiado sobre la vida económica y social, la corrupción deja de ser una enfermedad de algunos individuos y se convierte en una característica del sistema.
La gran pregunta no es cuántos políticos corruptos existen. Es mucho más incómoda: ¿qué clase de sistema político estamos construyendo cuando para obtener beneficios hay que acercarse al poder?
