La Asamblea de la Cruceñidad realizada este miércoles lanzó una serie de demandas al gobierno referidas al 50-50, impulso a las regiones y soluciones a la crisis de combustibles. Dieron plazo para su cumplimiento hasta el 10 de octubre próximo, fecha simbólica por ser el día de la recuperación de la democracia en Bolivia y en caso contrario advirtieron con aplicar la “autonomía de facto” e iniciar medidas escalonadas desde esa fecha hasta lograr el cumplimiento total de los pedidos.
“En caso de incumplimiento, la Asamblea de la Cruceñidad faculta de manera plena al presidente del Comité pro Santa Cruz, para activar en coordinación con las instituciones y sectores de la cruceñidad la autonomía de facto y el plan de medidas escalonadas de presión hasta lograr el cumplimiento total de lo que hoy manda esta asamblea”, señaló el presidente cívico, Stello Cochamanidis, al leer las conclusiones de la Asamblea de la Cruceñidad, máxima instancia de decisión de la institucionalidad de la región.
“Rn caso de que el gobierno no atienda las demandas planteadas, el 10 de octubre, el Día de la Democracia, será el día en el que empezarán las movilizaciones en las calles para recuperar lo que el centralismo nos robó”, enfatizó Cochamanidis.
Añadió que si es necesario se convocará a un cabildo para que el pueblo elija los destinos de Santa Cruz.
Las demandas planteadas al gobierno
En el tema de los combustibles, exigen la liberación total de la importación, distribución y comercialización de carburantes, que incluya la exención impositiva para abaratar lo más posible los costos del diésel y la gasolina para la ciudadanía.
También conminan a romper el monopolio de YPFB en estas áreas, ya que consideran que solo ha servido para generar corrupción.
Además piden la erradicación de las redes corruptas en YPFB y la ANH con la sanción a los responsables.
Sobre el 50-50, remarcaron que es una promesa de campaña del presidente Rodrigo Paz que hasta ahora no ha cumplido y esa línea lo emplazan a que sea incluido en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, que se debate desde el próximo mes para que así gobernaciones, municipios y universidades puedan disponer de más recursos para áreas como salud, educación y obras.
Los cívicos también abogaron por la profundización de la autonomía. “Exigimos la restitución de competencias, las transferencias y devolución inmediata de las facultades plenamente asignadas por Constitución a las gobernaciones, municipios y universidades en temas de salud, educación, infraestructura, junto con los ítems y recursos cercenados a las regiones”, señala el pronunciamiento.
En la Asamblea de la Cruceñidad, realizada en la sede de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), participaron representantes del transporte, agro, provincias, gremiales, profesionales y otros sectores. También participaron legisladores, el gobernador Juan Pablo Velasco y el alcalde “Mamén” Saavedra.
