Una presunta estafa millonaria afecta a más de un centenar de familias menonitas de distintas colonias del departamento de Santa Cruz. El principal acusado, Eduardo Alberto de los Ríos Colodro, es señalado de haberse hecho pasar por funcionario del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para ofrecer trámites de saneamiento y titulación de tierras a cambio de importantes sumas de dinero.
De acuerdo con las denuncias, el perjuicio económico superaría los 400.000 dólares, y entre las colonias mencionadas como afectadas se encuentran Tres Cruces, San José de Chiquitos, Roboré, Cuatro Cañadas, Manitoba y Pailón.
Uno de los denunciantes es Juan Reimar Wall, integrante de la Colonia Tres Cruces, quien afirmó que durante varios años el acusado les prometió gestionar el saneamiento y la titulación de sus terrenos.
Según su declaración, pese al dinero entregado y al tiempo transcurrido, los trámites comprometidos no se concretaron. Los afectados también denunciaron la entrega de documentos que presuntamente serían falsos, entre ellos títulos, minutas de transferencia y certificados alodiales.
El abogado Eduardo Zuna, representante de algunas de las familias afectadas, informó que el acusado fue sometido a una audiencia de medidas cautelares por el presunto delito de estafa agravada, sin embargo hasta el cierre de esta nota aún no se conocía la resolución de la justicia.
“Entregó alodiales falsos, documentos de transferencia falsos. Él está detenido; esperemos que la Justicia no le dé la libertad a título de que supuestamente está enfermo”, manifestó Zuna.
Los afectados expresaron su preocupación después de que, tras su aprehensión, el acusado alegara padecer una enfermedad terminal, entre otros problemas de salud. Las familias pidieron a la Justicia que considere las denuncias existentes y evite que el procesado recupere su libertad mientras avanza la investigación.
La Fiscalía solicitó la detención preventiva en un centro penitenciario, mientras se desarrollan las investigaciones para establecer el monto total del perjuicio y la cantidad de personas afectadas.
Segundo proceso
Desde el INRA señalaron que la institución se sumará a las acciones legales por el presunto delito de usurpación de funciones, debido a que el acusado habría utilizado el nombre y la función de la entidad para captar a sus víctimas.
Los denunciantes también solicitaron mayores controles en los trámites de saneamiento y titulación de tierras, además de mecanismos de orientación y asesoramiento que permitan evitar que otras familias sean víctimas de falsos gestores.
El caso continúa en investigación y será la Justicia la que determine la responsabilidad penal del acusado.
