El estado de excepción está a punto de fenecer (20 de septiembre). No estamos mejor; en casi tres meses las cosas se deterioraron más, no se produjo ni una sola reforma y los escándalos fueron el sello. Sin embargo, la estabilidad del gobierno no es solamente un asunto de calendario político.
En realidad, es una condición para evitar que Bolivia ingrese otra vez en una espiral de interrupciones, gobiernos precarios y promesas de restauración que ya no tienen sentido y mucho menos respaldo popular. En este contexto, claramente se han conformado dos corrientes de opinión.
Primero están los que quieren que el gobierno se caiga lo más pronto posible, por ende, auguran un inminente desastre y sentencian con un halo sepulcral sus pronósticos provenientes más de la tripa que del cerebro. Edulcoran sus palabras e ideas con una autoridad intelectual tan vacua y cínica, considerando que fueron en muchos casos los apologetas y operadores del desastre hasta hace menos de un año. Sí, esos mismos que cerraron el pico y doblaron el espinazo mansamente ahora afloran nuevamente y procuran dar lecciones de moral y eficiencia administrativa, como si algo de lo que dicen hubieran al menos intentado hacer en su periodo de “amarraguatos” con Evo o Lucho.
Por otra parte, están los que temen que el gobierno se caiga, quizás no quieran que eso suceda, pero entienden que esa posibilidad es real más allá de los deseos. Aplicando la técnica de escenarios (una metodología muy común en análisis político prospectivo), intentemos entender algunas aproximaciones en la perspectiva de los peores desenlaces. Si el mandato de Rodrigo Paz se acortara como consecuencia de una severa crisis política (peor que la actual), entendamos que el siguiente gobierno no recibiría el país que el MAS administró durante los años de bonanza.
Las cosas son radicalmente diferentes. Primero, encontraría una economía más destrozada y exhausta que la que hoy vivimos, las cuentas públicas quebradas y tensionadas al límite, y, lo que es peor, una sociedad mucho menos tolerante, nada dispuesta a aceptar mansamente salidas autoritarias. El país probablemente se cansó de los salvadores, fuimos estafados tantas veces que hay un refrán que en este caso aplica: “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”.
El problema central es que el Estado ya no puede ocultar más sus desequilibrios mediante subterfugios, artificios o engaños. Como dijo el presidente argentino Javier Milei el día de su posesión (dic. 2023): “No hay plata”. Ese es nuestro caso.
Los ingresos extraordinarios se esfumaron, por tanto, para los que añoran que el gobierno se caiga por las buenas o por las malas (aunque seguro les da igual), un eventual retorno de un régimen neoestalinista pachamamista al estilo del masismo, o una expresión reconvertida sobre sus cenizas en una pantalla pseudodemocrática, ocurriría en un escenario de escasez de divisas, presión fiscal insostenible, empresas públicas quebradas y creciente demanda social de empleo, combustibles, dólares y servicios.
Gobernar no consistiría en repartir una renta abundante como en el periodo de bonanza (2006-2014), sino en decidir cómo administrar un país literalmente en bancarrota.
Cabe recordar para los nostálgicos de Evo Morales que este construyó su ciclo político bajo condiciones excepcionales: altos precios de materias primas, deuda externa condonada en más del 50%, expansión de ingresos por venta de gas como nunca en la historia del país, contratos de venta a Brasil y Argentina operando a full y una capacidad estatal mayor para financiar transferencias, inversión y alianzas territoriales.
Ese entorno se esfumó, simplemente no existe. Los nostálgicos del proceso de cambio deben considerar que un retorno político no restauraría automáticamente los recursos, la credibilidad ni las condiciones externas que hicieron viable aquel modelo durante sus mejores años.
Más aún, en la actualidad, Bolivia enfrentaría un vecindario regional menos favorable, no existe una corriente política homogénea dispuesta a sostener diplomáticamente o financieramente una reedición del proyecto precedente. La afinidad ideológica viró a otro eje, y cuando existe, tampoco es capaz de reemplazar dólares, inversión, crédito ni mercados.
Por otra parte, los organismos multilaterales también mirarían con cautela. No porque Bolivia esté condenada al aislamiento, sino porque el apoyo externo exige señales mínimas de consistencia en información fiscal creíble, corrección de desequilibrios, reglas estables y capacidad de ejecutar acuerdos. Un país que alterna crisis de gobierno, confrontación institucional y decisiones económicas contradictorias no inspira ninguna confianza; todo lo contrario, seguiríamos sin capturar ni un solo dólar de inversión extranjera.
Y si Edman Lara asumiera la Presidencia como resultado de una caída anticipada de Rodrigo Paz. Pues heredaría una situación aún más catastrófica, su escasa legitimidad, la probable inexistencia de una coalición política y una economía que demanda decisiones impopulares con rapidez lo pondrían en una situación de asfixia total; ahí sí, el TikTok no tendría ninguna incidencia. Por tanto, la sucesión constitucional puede resolver una vacancia, pero no crearía ni por asomo autoridad política ni mucho menos gobernabilidad.
Pero quizás el factor más importante vendría en clave regional. Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, El Alto y otras regiones han desarrollado identidades políticas, demandas económicas y capacidades de movilización que no aceptarían pasivamente una recentralización autoritaria. La disputa ya no se limitaría a quién ocupa el Palacio Quemado; el momento incluye exigencias de recursos, autonomía, inversión, exportaciones, regalías, tierra, infraestructura y control de decisiones públicas.
Un eventual gobierno que intentara reconstruir autoridad mediante persecución, judicialización selectiva o imposición política enfrentaría una resistencia más amplia y descentralizada. La conflictividad no sería únicamente partidaria. Podría combinar protestas por el costo de vida, disputas regionales, bloqueos sectoriales, reclamos empresariales, presión sindical y rechazo ciudadano al deterioro institucional.
La lección es incómoda, pero decisiva. Bolivia ya no está en condiciones de tratar la crisis política como una simple disputa entre élites. Cada ruptura institucional reduce el margen económico, debilita la confianza externa y eleva el costo social de cualquier corrección futura. La continuidad democrática no garantiza prosperidad, pero su quiebre sí acerca al país a una economía de emergencia y a una conflictividad difícil de contener.
Empero, y para terminar, lo más extraño es que pareciera que el más interesado en caer es el propio gobierno; su lenidad y desconexión de la realidad ya resultan escalofriantes.
