El gobierno de Rodrigo Paz atraviesa un cuadro agudo de decretitis. Un decreto ordena los precios de los combustibles; otro lo modifica; un tercero corrige al segundo. Llega un bloqueo y surge un nuevo decreto que ajusta los precios referenciales del diésel. Otro bloqueo, y se decreta un monto mayor de venta de combustible para los pequeños productores. Luego, un decreto para intervenir YPFB —el colmo del absurdo: el Estado pidiendo permiso a su propia institución para que deje de destruir al país que eligió a este gobierno justamente para reparar el desastre heredado tras años de corrupción del MAS—. Así, el Ejecutivo termina emitiendo decreto tras decreto para poner orden en su propia casa, como quien ruega a los responsables de la crisis que dejen de castigar a la población con la escasez de carburantes. Se suma un decreto para el cierre de la ANH, entidad que pone en riesgo la alimentación de los bolivianos por la falta de diésel. Y se anuncia otro decreto para crear una nueva entidad, seguramente dispuesta a seguir complicándonos la vida.