El equipo jurídico de la vicepresidencia presentó este martes una denuncia penal contra el consultor argentino Fernando Cerimedo y la primera dama María Elena Urquidi por la presunta comisión de seis delitos relacionados con el tráfico de influencias que afectan al Estado.
La causa avalada por el vicepresidente Edmand Lara se refiere a los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, uso indebido de influencias, asociación delictiva, organización delictiva, contratos perjudiciales para el Estado y enriquecimiento ilícito de personas que afectan al Estado.
Entre los principales elementos entregados a la fiscalía se encuentra un soporte digital que contiene un audio —previamente presentado por Lara—, en el que se escucha una conversación supuestamente entre Urquidi y Cerimedo, quienes hablan sobre la necesidad de realizar cambios dentro de la Policía.
En la conversación se mencionan personas identificadas por nombres y apodos como "Miguelito", "Lupo", "Tuco", "Paredes", "Samur", "Gramajo" y "Pinelo", así como referencias a autoridades y funcionarios del gobierno.
En vista de estos elementos, el equipo legal del vicepresidente solicitó a la fiscalía que proporcionara un experto en informática, acústica y fonética para determinar la autenticidad del material y establecer la identidad de las personas involucradas en la grabación.
La denuncia también solicita que se cumplan los requisitos financieros, patrimoniales, corporativos, contractuales y de telecomunicaciones, así como la preservación inmediata de las pruebas digitales y el establecimiento de una cadena de custodia para evitar su alteración o reproducción informal.
Entre las personas que serán investigadas, según el documento, se encuentran el Ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo, mencionado en la conversación con el apodo de "Tuco"; el excomandante de la policía nacional Mirko Sokol; el agente de policía identificado solo como "Renzo"; además de Diego Justiniano Pinto, Óscar Mario Justiniano Pinto y Alejandro Ribera Guardia.
El documento aclara que la mención de algunas de estas personas no implica una atribución anticipada de responsabilidad penal, pero es apropiado determinar su identidad, papel, participación, conocimiento y relación con los hechos durante la investigación.
Asimismo, la representación legal de Lara solicitó que se mantuviera confidencial la identidad y los datos de la fuente que proporcionó el apoyo digital, mientras la fiscalía evalúa los riesgos y las medidas de protección correspondientes.
