La secuencia iniciada con el D.S. 28701, de nacionalización de los hidrocarburos, el 1 de mayo de 2006, se repetiría durante los años del régimen de Evo Morales como una constante política de estatización. El objetivo principal fue revertir la capitalización implementada durante la era de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Esta nueva etapa estuvo marcada por una sucesión de decretos que denomino “pipocreto”: una época caracterizada, a mi juicio, no por corregir y mejorar instituciones, sino por destruirlas, corromperlas y someterlas al poder político. Fueron años de abuso, persecución, deterioro institucional y una cultura que sustituyó el trabajo, el esfuerzo y la productividad por la búsqueda del beneficio inmediato, el enriquecimiento rápido y el saqueo del Estado.
Un país se construye como un edificio: piso por piso. No se destruyen sus cimientos para levantar una estructura condenada a caer por sus propios errores.
Después de la nacionalización de los hidrocarburos comenzaron las expropiaciones y estatizaciones. En 2006 se revirtió el centro minero de Huanuni; en 2007 se expropió el Complejo Metalúrgico Vinto a Glencore, con una indemnización de 253,5 millones de dólares. En 2008 se nacionalizó Entel, pagando aproximadamente 100 millones de dólares, además de las petroleras Chaco y Andina, transferidas a YPFB con importantes compensaciones.
Ese mismo proceso alcanzó a Transredes, empresas generadoras de electricidad como Corani, Valle Hermoso y Guaracachi, distribuidoras eléctricas, la Transportadora de Electricidad (TDE), empresas de agua y los principales aeropuertos del eje troncal.
También se nacionalizó el sistema de pensiones, con pagos millonarios y el posterior traslado de la administración a una Gestora Pública cuestionada por su desempeño. A ello deben añadirse cientos de millones de dólares en pagos pendientes y arbitrajes internacionales.
Cuando Evo Morales dejó el poder, el 10 de noviembre de 2019, Bolivia ya enfrentaba señales evidentes de deterioro económico. El crecimiento del PIB había descendido; las Reservas Internacionales Netas habían caído desde aproximadamente 15.000 millones hasta 6.374 millones de dólares, mientras las divisas disponibles se reducían aceleradamente.
El déficit fiscal cerró 2019 en torno al 7,2% del PIB, consecuencia de años de gasto público excesivo y dependencia de los ingresos del gas. La deuda externa, que tras las condonaciones internacionales era de aproximadamente 2.208 millones de dólares en 2007, alcanzó los 11.268 millones en 2019: más de cinco veces su nivel inicial.
A ello se sumaron políticas económicas equivocadas. La llamada bolivianización castigó el ahorro y las operaciones en dólares mediante encajes más elevados, mientras se incentivaba artificialmente el uso de bolivianos. Desde 2011 se mantuvo congelado el tipo de cambio en 6,96 bolivianos por dólar, generando un creciente rezago cambiario, incentivando las importaciones y restando competitividad a las exportaciones.
Otro grave error fue pretender convertir al Estado en el principal inversionista y motor de la economía. Miles de millones fueron destinados a empresas y proyectos estatales que registraron pérdidas o resultados insuficientes: la planta de urea de Bulo Bulo, Mi Teleférico, el satélite Túpac Katari, EMAPA, Quipus, Yacana y BOA, entre otros.
En lugar de complementar al sector privado, el Estado intentó sustituirlo. En vez de concentrarse en recaudar impuestos y crear condiciones para producir riqueza, terminó perdiendo recursos y redistribuyendo pobreza.
Los dobles aguinaldos, incrementos salariales superiores a la productividad, bonos y subvenciones completaron una política demagógica que parecía sostenible mientras duró el superciclo de las materias primas.
Cuando, después de 2014, cayeron los precios internacionales, la burbuja comenzó a desinflarse.
Evo Morales gobernó durante 5.040 días en uno de los períodos internacionales más favorables que Bolivia haya tenido. Nunca antes se habían alineado tantas condiciones para transformar permanentemente la economía nacional y superar la pobreza.
Por eso, esta fue, probablemente, la mayor pérdida de oportunidades de nuestra historia económica. A las gestiones de Evo Morales y Luis Arce les debemos, en gran medida, dos décadas perdidas para Bolivia.
*Babson ’82, ex catedrático universitario
