«Un príncipe sin inteligencia multiplica las extorsiones» (Proverbios 28,16).
Muchos sectores se han quejado por el Decreto Supremo 5676 porque es injusto que algunos paguen más que otros y porque, en el fondo, no va a resolver ninguno de los problemas. No va a resolver la escasez de diésel; no va a purificar la gasolina basura; no va a evitar el contrabando. Hará peores todos estos problemas.
Naturalmente, estoy molesto por motivos interesados. Mi Diócesis se sostiene, en parte, por las estancias ganaderas y hemos perdido pastizales por la falta de diésel. Al mismo tiempo, tengo el territorio eclesiástico más grande de Bolivia, con una población rural sumamente pobre. Llegar a las comunidades requiere buenas movilidades y grandes cantidades de combustible. La gasolina basura ha arruinado un sinfín de bombas de gasolina de las movilidades de mis padrecitos. Tanto la atención pastoral como las obras sociales sufren porque tenemos que gastar más a causa de la corrupción e ineptitud de YPFB, que el nuevo gobierno parece compartir.
Hacer un Decreto Supremo como el 5676 es como si yo fuese a hacer un Decreto Episcopal invocando el Canon 1374 del Código de Derecho Canónico —avalado por el Tratado Internacional entre Bolivia y la Santa Sede—, que estipula que «quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa; quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho», y poner al presidente Paz y a sus ministros bajo entredicho, que equivale a una excomunión temporal. En tal caso, yo mismo sería el «príncipe sin inteligencia», aunque así desahogaría mi descontento por este decreto abusivo del presidente, que multiplicará las extorsiones en Bolivia en vez de reducirlas. (Toda la Iglesia Católica en Bolivia tenía mucha más causa para semejante medida con el gobierno de Evo Morales, al cerrar la Normal Católica con su nefasta Ley de Educación).
Debería ser obvio que la única solución es eliminar las subvenciones por completo y que tengamos las mismas reglas de juego para todos, quitando las burocracias para importar los combustibles que el país necesita. ¿Para qué castigar a quienes más necesitan el combustible? Es injusto. Bajo esa lógica, los panificadores deben pagar más por su harina que los demás y los mayoristas deben pagar más por sus productos. Normalmente es al revés: hay descuentos por comprar en cantidad porque eso reduce el costo del transporte y la distribución.
Pero, tal como reconoce el nefasto Decreto 5676, YPFB «es la única [empresa] facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización», uno de los muchos candados perversos de la CPE que debería ser reemplazada en su totalidad.
«Cuando la ley es pareja, nadie se queja». ¿Qué pasó con «capitalismo para todos»? Implica socialismo para nadie. Subvencionar combustibles para algunos y cobrar más a otros es socialismo para algunos y robo a otros.
El Padrenuestro solo tiene un pedido material: el pan de cada día, que es el combustible del cuerpo y representa todas nuestras necesidades materiales. Las peleas e injusticias en torno a ellas dan como resultado las ofensas que debemos perdonar, las tentaciones que debemos superar y el mal que debemos vencer. Tener el pan de cada día de manera digna implica una recta relación con Dios Padre Celestial, la venida de su Reino con su justicia, el cumplimiento de su santa voluntad y no la del pueblo caprichoso.
«Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados» (Mt 5,6).
Querido lector, Dios te bendiga.
