El Gobierno de Donald Trump intensificó su política migratoria con nuevas restricciones para obtener visas y entrar a Estados Unidos, en una ofensiva que combina mayores exigencias económicas, suspensión de trámites, cancelación de permisos y un fuerte aumento de las detenciones de inmigrantes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró en julio 49.571 detenciones, la cifra mensual más alta desde el inicio del segundo mandato de Trump y un incremento de alrededor del 15% respecto a junio, según datos citados de las universidades de California Berkeley y UCLA.
Una de las medidas más recientes es la suspensión temporal de las citas para solicitar visas de inmigrante en todo el mundo. El Departamento de Estado argumentó que necesita capacitar a su personal consular en nuevos procedimientos, aunque la decisión se produjo después de que un tribunal federal de Nueva York cuestionara una medida similar.
La jueza federal que lleva el caso anuló el 21 de agosto la suspensión de la tramitación de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, al considerar que la decisión era contraria a la ley y excedía las competencias del secretario de Estado, Marco Rubio.
Familias inmigrantes y organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes regresaron al mismo tribunal para exigir que el Gobierno cumpla la resolución judicial. Los demandantes sostienen que las nuevas medidas podrían constituir un intento de mantener la suspensión de los trámites pese al fallo.
La Administración también ha establecido fianzas de entre 10.000 y 20.000 dólares para solicitantes de visas de turismo y negocios procedentes de 50 países, principalmente africanos, además de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
A estas restricciones se suma una política dirigida contra extranjeros que ingresaron legalmente como turistas o trabajadores y posteriormente solicitaron asilo. El Departamento de Estado anunció que trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar esos permisos de entrada.
La Casa Blanca contempla cancelar hasta 200.000 visas de turismo y trabajo de personas que solicitaron asilo después de ingresar al país. La medida no supone automáticamente su deportación, pero podría modificar su estatus migratorio y eliminar su condición de visitantes o trabajadores autorizados.
El Gobierno también ha endurecido las condiciones para los trabajadores altamente cualificados que utilizan las visas H-1B, habituales en sectores como tecnología e ingeniería. Esta semana se anunció una fianza de 100.000 dólares y una nueva propuesta podría elevar de forma permanente el costo de este tipo de visa hasta 103.265 dólares.
Las restricciones alcanzan asimismo a programas migratorios como DACA, que protege a personas que llegaron a Estados Unidos siendo niños, y al Estatus de Protección Temporal (TPS), utilizado por ciudadanos de países afectados por conflictos o crisis.
En paralelo, la Administración ha aumentado las redadas y deportaciones de inmigrantes en situación irregular. Las autoridades han pasado de grandes operativos urbanos a intervenciones más pequeñas y frecuentes, incluso en lugares que anteriormente eran considerados sensibles, como hospitales, iglesias y tribunales.
El endurecimiento de la política migratoria ha provocado cientos de demandas en todo el país, mientras los tribunales se han convertido en uno de los principales obstáculos para las medidas de Trump. Varias iniciativas ya fueron suspendidas o anuladas por jueces, pero el Gobierno continúa ampliando las restricciones con el argumento de reforzar la seguridad, combatir la inmigración irregular y evitar que los inmigrantes se conviertan en una carga para el Estado.
