Bolivia atraviesa, otra vez, una escena que la región conoce de memoria: un asesor sin cargo formal que redacta decretos, un presidente que guarda silencio mientras crece el escándalo y una mujer baleada que, sin buscarlo, terminó siendo una voz dispuesta a nombrar lo que muchos sospechaban.
“En este país no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo”, afirmó Nadia Beller desde una camilla, después de recibir tres disparos de sicarios disfrazados de repartidores en la puerta de un hotel en Santa Cruz. Cerimedo, consultor argentino que asesoró a Javier Milei y luego ingresó al círculo íntimo del Palacio Quemado, fue imputado por tentativa de feminicidio y cumple detención preventiva en Palmasola, además de enfrentar una investigación por enriquecimiento ilícito. En el allanamiento de su vivienda aparecieron tarjetas que lo identificaban como “Asesor Principal del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, cargo cuya existencia el Ejecutivo negó.
Beller sostuvo que lo ocurrido no fue un episodio pasional, sino, en sus palabras, “un crimen de Estado”.
No hace falta imaginar una conspiración para entender cómo Cerimedo llegó a intervenir en la redacción del Decreto Supremo 5515 y participar en reuniones de gabinete sobre combustibles y tierras. Basta observar la desidia administrativa o, siendo generosos, un dejar hacer convertido en método de gestión.
El politólogo Jacob Hacker llamó policy drift a este fenómeno: una política pública que cambia no por una reforma deliberada, sino por la omisión de actualizar las reglas ante nuevas circunstancias. La inacción no es neutra: el vacío termina siendo ocupado por quien tiene interés y capacidad para hacerlo.
Un presidente que no delimita quién ejerce funciones en su nombre corre el riesgo de administrar la comodidad de su propia ausencia. Beller lo expresó al exigir a Paz que rompiera su silencio: “No quiero pensar que va a consentir o que ve bien que su amigo y asesor personal haya querido matarme”.
Maquiavelo ya advertía, en El Príncipe, sobre el peligro de los aduladores en las cortes. El gobernante debe elegir consejeros prudentes y permitirles decir la verdad, porque quien se rodea únicamente de quienes le cuentan lo que quiere escuchar termina gobernando sobre una realidad deformada.
La historia política bautizó al cortesano con poder de facto como “Rasputín”, en referencia al místico que ejerció enorme influencia sobre la corte de los zares sin ocupar un cargo formal. En América Latina, el término también recuerda a Vladimiro Montesinos, el asesor que se convirtió en “el poder detrás del trono” durante el fujimorismo.
El paralelo con Bolivia resulta inquietante. Sin nombramiento no hay control efectivo; y sin control, tampoco existe una responsabilidad clara cuando algo sale mal.
Como ya señalé citando a Giovanni Sartori, el poder embriaga y produce una ceguera selectiva. Esa ceguera es precisamente el terreno donde prosperan los operadores de poder: mientras el mandatario cree controlar su relato, el relato termina siendo administrado por otro.
Rodrigo Paz puede seguir apostando al silencio. Pero cuando la inacción se prolonga demasiado, deja de parecer negligencia y comienza a parecer una decisión tácita.
Bolivia no necesita explicaciones genéricas sobre cómo un consultor externo llegó a influir en decisiones de Estado. Necesita instituciones que ejerzan sus funciones, controles efectivos y respuestas verificables. Porque en democracia, el poder informal también debe responder por sus actos.
