Productores del municipio cruceño de Yapacaní dejaron en suspenso temporalmente la amenaza de bloqueo de carreteras en rechazo al decreto 5676, que ajusta el precio del diésel para algunos sectores y dieron 48 horas de plazo al gobierno nacional para que abrogue dicha norma.
La decisión se tomó al final de una reunión con el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes y el vicepresidente de Operaciones de YPFB, Víctor Hugo Blacud.
Paredes señaló que comunicará el pedido de los sectores de Yapacaní al gobierno, pero eso no implica un compromiso de dar de baja el decreto en 48 horas. Durante la reunión el viceministro se mostró partidario de abrogar la norma o modificarla, ya que consideraba que no había cumplido su objetivo.
Los dirigentes también pidieron el retiro del contingente de policías y militares que habían sido desplazado desde la madrugada de este martes a Yapacaní, ante el anuncio de bloqueos.
Paredes le aclaró que los uniformados solo están precautelando el libre tránsito. “Voy a informar al ministro de Defensa y al ministro de Gobierno, y voy a recomendar que se retire (el contingente) porque vamos a respetar lo que aquí hemos conversado”, dijo el viceministro.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, enfatizó que está garantizado el derecho a marchar, protestar o expresar desacuerdo con alguna medida, pero mientras dure el Estado de Excepción está prohibido el bloqueo de carreteras o la afectación de infraestructura crítica.
“Ante la convocatoria pública a bloquear en Yapacaní, anoche (lunes) se dispuso un despliegue preventivo de las Fuerzas Armadas para coadyuvar a la Policía Boliviana. La misión es prevenir el bloqueo, proteger la carretera y, sobre todo, evitar enfrentamientos”, explicó Justiniano.
El decreto 5676 impone un precio diferenciado de Bs 18 por litro de diésel para los denominados grandes consumidores, entre los que están los productores agropecuarios y los mineros. El transporte y personas particulares siguen pagando el precio de Bs 9,80.
Gremiales, transportistas, agropecuarios e incluso sectores empresariales han rechazado la medida, puesto que creen que no solucionará el problema del desabastecimiento de combustibles y además incentivará el “mercado negro” para desviar los productos.
