Bolivia habita un estado de cansancio estructural. El país arrastra una crisis económica profunda, filas inagotables en los surtidores por falta de combustible, una inflación que carcome el bolsillo cotidiano y un mapa político fragmentado donde las certezas institucionales se han desvanecido. En un escenario donde cualquier nación concentraría sus esfuerzos en evitar el colapso, el tablero político boliviano se da el lujo de abrir espacio para el sainete. El caso Cerimedo-Beller no es solo un hecho policial turbio; es la confirmación de que, en medio de la tragedia nacional, siempre hay lugar para lo grotesco.
El episodio reúne todos los elementos de una comedia negra de Serie B: disparos a las puertas de un hotel ejecutados por supuestos repartidores, declaraciones de víctimas que aseguran haber sobrevivido haciéndose las muertas en el suelo y acusaciones cruzadas de autoatentados y extorsión. Como aderezo, la escena culmina con la detención de un cotizado spin doctor transnacional en el aeropuerto de Viru Viru, mochilas cargadas de efectivo y la posterior exposición mediática de chats, fotos de fajos de billetes y videos de llanto en estrados judiciales.
Lo verdaderamente revelador no es la miseria humana de sus protagonistas, sino la porosidad del poder que el caso expone. Fernando Cerimedo no era un transeúnte de la política regional; se movía en las sombras de la comunicación estratégica de la nueva derecha y frecuentaba despachos de alto nivel. Cuando el escándalo estalló, la respuesta de la vocería oficial fue la previsible coreografía del desmarque: reconocer una asesoría externa, pero negar tajantemente cualquier vínculo contractual o de nombramiento, en una pirueta narrativa que busca salvar el prestigio estatal mientras se evaporan las pruebas de su influencia.
Este grotesco espectáculo se da en el peor momento posible. Mientras la ciudadanía sobrelleva el día a día entre la incertidumbre económica y el desgaste de las instituciones, la clase política y sus operadores de alquiler ofrecen una función de entretenimiento barato cargada de conspiraciones de pasillo, disputas de dinero y violencia de género. El contraste es brutal: a la población se le pide austeridad y paciencia ante el desastre, mientras tras bambalinas se reparten influencias y se ventilan vendettas personales mediante capturas de pantalla.
El caso Cerimedo-Beller demuestra que el desastre socioeconómico no anula la capacidad de la política para degradarse hasta el ridículo. La tragedia nacional no ha generado sobriedad en el manejo del Estado; al contrario, ha dejado al descubierto una estructura tan endeble que cualquier operador con redes sociales y un puñado de dólares puede colarse en las decisiones del poder.
Bolivia no solo padece las consecuencias de una crisis objetiva, sino que se ve obligada a asistir como espectadora a esta transición que va del desastre al absurdo, donde la política ha dejado de resolver los problemas de la gente para convertirse en un sainete grotesco de consumo diario.
El caso Cerimedo-Beller revela cómo la política boliviana, en medio de una profunda crisis socioeconómica, se degrada al espectáculo. Un episodio de atentados, operadores transnacionales, chats filtrados y violencia que expone la fragilidad del poder y el absurdo institucional.
