Representantes de las cuatro provincias del norte de Santa Cruz otorgaron un plazo de 48 horas al Gobierno para derogar el Decreto Supremo 5676, que establece un nuevo esquema de comercialización del diésel para grandes consumidores. La decisión fue asumida en un ampliado de emergencia que reunió a productores, sindicatos agrarios, asociaciones, alcaldes y autoridades departamentales.
Al concluir el encuentro, los dirigentes advirtieron que, si la norma no es anulada dentro del plazo fijado, el sector ingresará se movilizará. “Como primer punto, exigimos la derogación del Decreto 5676, dando plazo de 48 horas. Como segundo punto, en caso de incumplimiento, nos declaramos en estado de emergencia”, señaló uno de los representantes al leer la resolución aprobada por consenso.
Según explicó el dirigente, la determinación fue tomada tras un ampliado en el que participaron “todos los sectores, subsectores, sindicatos agrarios y todas las asociaciones de productores”, además de los alcaldes de Santa Rosa y San Pedro.
El alcalde de San Pedro David Martishev respaldó la resolución y convocó a todos los productores a sumarse al reclamo, insistiendo en que el rechazo al decreto responde a una necesidad del sector y no a intereses políticos. “Aquí no lo queremos como parte política. Aquí es una necesidad de todos los productores, pequeños, medianos y grandes, y tenemos que tener una voluntad ahora común”, afirmó.
También pidió que quienes no asistieron al ampliado se adhieran a la medida. “Pido a todos los que no han venido, súmense a esta necesidad de productores y pidamos una solución inmediata al Gobierno”, sostuvo. Martishev advirtió además que el plazo otorgado solo incrementa los perjuicios para la región y reiteró la demanda de una respuesta inmediata del Ejecutivo.
El alcance del Decreto 5676
El gobierno promulgó el Decreto Supremo 5676 el pasado 17 de agosto, estableciendo un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para tres categorías de compradores. La norma elimina la subvención para esos consumidores y autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a vender el combustible a precio de mercado, por lo que el valor será variable.
El nuevo esquema alcanza a usuarios directos que adquieren entre 120 y 5.000 litros mensuales en estaciones de servicio, clientes directos que compran entre 5.000 y 19.999 litros al mes en plantas de almacenaje y grandes consumidores con adquisiciones de 20.000 litros o más desde esas instalaciones.
