El caso Fernando Cerimedo dejó de ser exclusivamente una investigación por la tentativa de feminicidio contra Nadia Beller y se convirtió en el epicentro de una crisis política de múltiples capas que amenaza la gobernabilidad en Bolivia. La detención del consultor argentino, vinculado públicamente al entorno presidencial, abrió una caja de Pandora: Beller denunció presuntos negocios irregulares relacionados con combustibles, seguros, oro, operadores privados y pagos a parlamentarios. Aunque varias acusaciones aún deben ser corroboradas judicialmente, su efecto político ya está en marcha.
El primer daño alcanza el relato de la “nueva gobernabilidad” presentado por Rodrigo Paz el 6 de agosto, basado en acuerdos institucionales antes que en negociaciones con cúpulas partidarias. Esa narrativa quedó bajo presión cuando Beller denunció presuntos pagos mensuales de 5.000 dólares a 28 legisladores de Libre y Unidad a cambio de respaldo al Gobierno. Las fuerzas políticas involucradas rechazaron las acusaciones y exigieron pruebas e investigaciones. Sin embargo, políticamente, el problema ya está instalado: la legitimidad parlamentaria comienza a deteriorarse antes de que concluya cualquier proceso judicial.
El segundo frente es todavía más delicado porque conecta la crisis del poder con la economía cotidiana. Beller denunció un presunto cobro de un boliviano por litro para la asignación de cupos de gasolina y diésel, vinculando a Cerimedo con el entorno de la esposa del Presidente. Son acusaciones que deberán ser probadas, pero encuentran terreno fértil en una población afectada por la escasez de combustibles y las largas filas en las estaciones de servicio.
El escenario político también muestra una rápida reconfiguración. Eduardo del Castillo exige que Paz dé un paso al costado, mientras Evo Morales aprovecha la crisis para intentar recuperar centralidad. Si se confirma la denuncia sobre un supuesto plan diseñado por Cerimedo contra Morales, este tendría una oportunidad adicional para posicionarse. La clave está en la narrativa: cuando actores ideológicamente distintos coinciden en palabras como “crisis”, “renuncia”, “corrupción” y “descontrol”, hechos dispersos pueden transformarse en una percepción de colapso.
Ante este panorama aparecen tres escenarios. El primero es la implosión por pérdida de autoridad, si la escasez de diésel, la movilización social, la parálisis legislativa y las denuncias reducen la capacidad del Ejecutivo para conducir la agenda. El segundo es el cortafuegos institucional, probablemente la única vía racional para recuperar iniciativa: una investigación sin restricciones sobre Cerimedo, los presuntos pagos a legisladores, la asignación de combustibles y cualquier red de influencia privada dentro del Estado. El tercero es la radicalización del conflicto, con un Gobierno debilitado que responde endureciendo medidas excepcionales para recuperar el control.
El verdadero problema para Paz ya no es solamente Cerimedo, sino la estructura de poder que pudo permitirle acumular influencia sin responsabilidad pública visible. Esa es la esencia del “Gobierno Invisible”: la percepción de que asesores, operadores digitales, lobistas o intermediarios privados podían intervenir en decisiones estatales sin control institucional.
El Presidente todavía puede evitar que la crisis se convierta en una derrota, pero debe comprender que esta no es una crisis de comunicación. No bastarán desmentidos ni campañas digitales. Se requieren transparencia, investigación y una ruptura clara entre la investidura presidencial y cualquier estructura informal que haya operado a su alrededor. Hoy, Rodrigo Paz no compite solamente contra sus opositores: compite contra el tiempo, el desabastecimiento y la sospecha de que el poder real pudo haber estado en otra parte.
Miroslava Fernandez
