No hay duda de que el gobierno de Rodrigo Paz está profundamente penetrado por la corrupción y, al paso que va, no tardará en alcanzar los niveles de degradación que imperaron durante dos décadas de hegemonía del MAS.
La ilusión de un cambio profundo y una gestión impoluta comienza a derrumbarse. En las últimas semanas se han repetido, con demasiada frecuencia, casos graves que alcanzan incluso al entorno presidencial y a ministros del gabinete. Más allá de las responsabilidades individuales, la acumulación de denuncias genera una pregunta inevitable: ¿realmente cambió la forma de administrar el Estado?
La corrupción no aparece solo cuando llega un funcionario deshonesto. Muchas veces encuentra terreno fértil en un sistema que facilita la discrecionalidad, el secreto, el abuso de poder y la falta de controles. Por eso resulta insuficiente indignarse ante cada escándalo o exigir la salida de una persona.
Bolivia arrastra una estructura estatal gigantesca, una burocracia excesiva, empresas públicas difíciles de controlar y un entramado normativo que da a los funcionarios un enorme margen para decidir, contratar y administrar recursos públicos. Cuando el poder de decisión es demasiado grande y la fiscalización débil, los incentivos para la corrupción se imponen sobre los discursos de honestidad.
El MAS dejó, además de una pesada herencia económica, una arquitectura institucional que debilitó los contrapesos y convirtió al Estado en el centro de casi toda actividad económica. Sería un error pensar que el problema pertenece sólo al pasado: un sistema defectuoso puede ser usado por cualquier gobierno, sin importar su ideología o promesas.
Por eso el gobierno de Paz enfrenta una disyuntiva decisiva. Puede limitarse a reemplazar funcionarios y responder a los escándalos cuando estallen, confiando en que los nuevos serán más honestos. O puede entender que el problema es estructural y emprender una transformación profunda del aparato estatal.
No basta con cambiar los nombres. Hace falta reducir la discrecionalidad, simplificar la burocracia, transparentar las contrataciones, fortalecer la fiscalización y garantizar una justicia verdaderamente independiente. El Estado debe dejar de ser una enorme máquina de trámites y oportunidades para el privilegio.
Un sistema que concentra demasiado poder y dinero siempre terminará tentando a quienes lo administran. La corrupción no se combate sólo con discursos, investigaciones o destituciones: se combate eliminando las condiciones que permiten que prospere.
Si Paz pretende diferenciarse realmente de sus antecesores, debe demostrarlo desmontando esa maquinaria. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en otro administrador de un modelo que reproduce los mismos vicios.
La verdadera reforma no consiste en encontrar gobernantes perfectos, sino en construir instituciones capaces de funcionar incluso cuando quienes las administran no lo sean. Si eso no ocurre, los escándalos seguirán apareciendo y la promesa de cambio será apenas otra decepción.
La corrupción que golpea al gobierno de Paz no es solo cuestión de funcionarios deshonestos: revela un Estado diseñado con excesiva discrecionalidad y débil fiscalización. Sin una reforma estructural profunda, cualquier gobierno terminará reproduciendo los mismos vicios que prometió erradicar.
