Bolivia atraviesa, otra vez, una escena que ya deberíamos conocer de memoria: filas de vehículos varados bajo el sol, camioneros durmiendo en sus cabinas esperando un diésel que no llega, microbuses operando con apenas el 40% de su flota en Santa Cruz y ciudadanos haciendo malabares logísticos entre el trabajo y una gasolina que se esconde. Frente a esa realidad, el Gobierno de Rodrigo Paz ha respondido con lo único que, por ahora, parece abundar en Palacio Quemado: discursos, disculpas y una retórica que fluye con más soltura que los surtidores del país.
«Me disculpo por algunas cosas que tal vez no están saliendo tan rápido como quisiéramos», dijo el presidente en Yacuiba, admitiendo que el combustible «es un dolor en el pecho». Pocos días antes, en otro acto público, culpó al MAS con una frase que ya es una antología de la política boliviana: «Nos mintieron, nos robaron y nos generaron falta de combustible». YPFB, por su parte, insiste en que el problema no es de escasez, sino «logístico», y asegura que hay millones de litros en Senkata esperando ser descargados. Cada actor tiene su relato. Lo único que no tiene el ciudadano de a pie es combustible.
Carl Schmitt advertía que la esencia de lo político no está en el discurso, sino en la capacidad de decidir en la excepción y asumir la responsabilidad del mando cuando la normalidad se quiebra. Un gobierno que gobierna solo con explicaciones, sin resolver la causa material de la crisis, no está ejerciendo soberanía: está administrando la narrativa de su propia impotencia. Y esa es, precisamente, la trampa en la que ha caído la administración de Paz.
Cada semana aparece un culpable nuevo: los bloqueos, los protocolos de calidad, las «mafias» de desvío de combustible o la herencia del MAS. Pero nunca aparece una fecha cierta de solución. El propio ministro de Hidrocarburos lo reconoció: «No tengo una bola de cristal para ver qué va a pasar». Cuando un ministro de Estado renuncia públicamente a la previsión, no está siendo honesto: está confesando la abdicación de su función.
Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. El político que solo se guía por la primera puede conformarse con tener razón en el discurso, aunque el país se hunda en la práctica. El que asume la segunda responde por las consecuencias reales de sus actos, no por la elegancia de sus justificaciones. Paz ha elegido, sistemáticamente, la primera vía: pedir disculpas, prometer que «vamos a meter duro» y anunciar que las mafias serán derrotadas, mientras Bolivia sigue midiendo el tiempo en horas de fila.
La ética de la responsabilidad exigiría algo mucho más incómodo: explicar por qué, a diez meses de gestión, el problema estructural de los hidrocarburos —producción, refinación, divisas y contrabando— sigue intacto detrás de cada comunicado.
La crisis no nació con Paz, es cierto. La heredó de una gestión masista que durante años subsidió los combustibles sin realizar las inversiones necesarias en exploración y producción. Pero un gobernante que decide gobernar hereda también la obligación de resolver, no solo la de señalar al antecesor.
Norberto Bobbio sostenía que el poder democrático se legitima no solo por el origen del mandato, sino por su ejercicio efectivo. Gobernar es producir decisiones verificables, no administrar la opinión pública. Un decreto que elimina la subvención a los combustibles puede ser jurídicamente impecable y políticamente valiente, pero si meses después el diésel sigue sin llegar a los surtidores, el decreto se convierte en papel y el país continúa haciendo cola.
Mientras el Gobierno afina el discurso, la economía real sangra. El transporte de carga reporta camiones varados; el transporte interdepartamental redujo sus frecuencias desde la terminal bimodal de Santa Cruz; y camioneros cruzan la frontera para cargar combustible a precios muy superiores a los vigentes en Bolivia. En Roboré, incluso una falla informática en un surtidor de YPFB dejó a viajeros y transportistas varados durante horas. El propio presidente de YPFB asegura que hay millones de litros disponibles en Senkata. Pero la distancia entre el discurso de la abundancia y la experiencia cotidiana de la escasez es, por sí misma, un síntoma de descomposición institucional.
Hay una diferencia elemental que este Gobierno parece no distinguir: pedir perdón no es lo mismo que responder. Un presidente puede disculparse cien veces ante los micrófonos, pero si el diésel sigue sin llegar a Santa Cruz, Yacuiba, Roboré o El Alto, la disculpa no repara nada. Es apenas un gesto comunicacional sin eficacia material.
Bolivia no necesita más explicaciones sobre por qué no hay combustible. Necesita combustible. La ciudadanía ha escuchado el relato del contrabando, de las mafias, de la herencia del MAS, de los problemas logísticos y hasta de la falta de una bola de cristal. Ha llegado el momento de exigir, no otro relato, sino hechos: cisternas descargadas, surtidores abastecidos y filas disueltas.
Mientras eso no ocurra, seguiremos siendo testigos de un Gobierno que domina el arte de la palabra, pero no demuestra todavía el oficio de gobernar. Y ese es, precisamente, el diagnóstico más severo que se puede hacer a un Poder Ejecutivo: no que le falte combustible, sino que le sobren palabras para no resolverlo.
